LA PROVINCIA DENUNCIARÁ A MILEI Y CAPUTO POR LOS FONDOS HÍDRICOS Y LA PROVINCIA CUESTIONÓ LA POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL

En la conferencia de prensa de este lunes, el Gobierno bonaerense cuestionó el rumbo económico nacional, anunció acciones judiciales por el manejo de los recursos destinados a prevenir inundaciones y anticipó su participación en la audiencia pública por las tarifas de AySA. Además, ARBA pondrá en marcha un régimen excepcional para regularizar deudas impositivas antes de fin de año.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció que denunciará penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a los funcionarios que pudieran tener responsabilidad en el manejo de los fondos destinados a obras hídricas. El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, durante la habitual conferencia de prensa semanal, en la que también participaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard.

La presentación judicial estará vinculada con el presunto incumplimiento de las normas que establecen el destino de los recursos del Fondo Hídrico, creado para financiar obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas. Según explicó Katopodis, la Provincia cuestiona que esos recursos no se estén aplicando de acuerdo con lo previsto por la legislación, en un contexto en el que advirtió sobre los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.

“Vamos a denunciar penalmente a Milei y a Caputo por el incumplimiento de la ley y el abandono nacional en infraestructura hídrica”, afirmó el funcionario. La denuncia, según precisó el Gobierno bonaerense, contemplará posibles delitos como malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Se trata de figuras que deberán ser evaluadas por la Justicia y no de responsabilidades penales ya determinadas.

El Fondo Hídrico se financia, entre otros recursos establecidos por la normativa, con el 4,31% del impuesto a los combustibles. Su finalidad es sostener obras vinculadas con la prevención de inundaciones y la protección de zonas productivas. De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, al cierre del primer trimestre de 2026 el fondo contaba con $339.993 millones, de los cuales $290.676 millones estaban colocados en Letras del Tesoro. La Provincia cuestiona que una parte sustancial de esos recursos no se traduzca en obras.

El reclamo adquiere relevancia ante la preocupación por las consecuencias que podría tener El Niño durante los próximos meses. Desde la administración de Axel Kicillof sostienen que la falta de ejecución de obras hidráulicas puede agravar los daños provocados por inundaciones y afectar tanto a las poblaciones como a la producción agropecuaria. En ese marco, Katopodis también cuestionó la falta de autorización nacional para acceder a créditos internacionales destinados a trabajos de infraestructura hídrica.

La Provincia sostiene que el problema no se limita a la disponibilidad de recursos, sino también a su utilización efectiva para prevenir inundaciones y ampliar la infraestructura. La denuncia anunciada buscará que se investigue si hubo incumplimientos en la administración de los fondos y en las transferencias correspondientes.

En la misma conferencia, Katopodis confirmó que el Gobierno bonaerense participará el próximo 26 de octubre de la audiencia pública vinculada con las tarifas de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La Provincia anticipó que impugnará los aumentos y reclamará garantías sobre la continuidad de las obras de expansión y mantenimiento de las redes de agua potable y cloacas.

El ministro cuestionó el proceso de privatización de la empresa y sostuvo que los incrementos tarifarios no estuvieron acompañados por inversiones suficientes para ampliar la cobertura del servicio. De acuerdo con cifras difundidas por la cartera provincial, las tarifas acumularon un aumento nominal del 555%, mientras que la inversión en obras cayó un 75% en términos reales. El Gobierno bonaerense también señaló que, a mayo de 2026, no había obras con avance físico entre las que se encontraban en ejecución al cierre de 2023, según el relevamiento citado por el Ministerio.

Por su parte, Carlos Bianco centró su intervención en la situación económica y cuestionó las proyecciones del Gobierno nacional. El ministro de Gobierno afirmó que los indicadores muestran una profundización de la recesión, con dificultades en la industria y la construcción, cierres de empresas y mayores problemas de endeudamiento para las familias.

Según los datos presentados por el funcionario, desde noviembre de 2023 cerraron 32.290 empresas, mientras que en septiembre de este año 58.982 firmas registraban deudas impagas, un 53% más que en el mismo período del año anterior. Bianco también mencionó una caída del 8,7% de la industria manufacturera desde noviembre de 2023 y una contracción del 24,4% en la construcción durante el mismo período.

El funcionario cuestionó, además, la evolución de la producción automotriz y el impacto de las dificultades económicas sobre los hogares. En ese sentido, sostuvo que la situación afecta especialmente a los sectores productivos y a las actividades que generan empleo. “El Gobierno nacional tiene que cambiar el plan urgentemente o la gente va a cambiar al Gobierno nacional en las elecciones del año que viene”, afirmó.

Bianco también criticó la abstención de la Argentina en una votación de las Naciones Unidas vinculada con el colonialismo. El ministro consideró que la postura contradice la posición histórica del país sobre la soberanía de las Islas Malvinas y cuestionó la política exterior del Gobierno de Milei por su alineamiento con Estados Unidos. En ese marco, apuntó contra el canciller Pablo Quirno y reclamó que deje su cargo.

Otro de los temas abordados fue el acuerdo salarial alcanzado por la Provincia con los gremios que representan a los trabajadores de la administración pública y al sector docente. El entendimiento contempla un incremento del 6%, dividido en dos tramos del 3% en octubre y del 3% en noviembre, calculados sobre los haberes vigentes en septiembre. La actualización alcanza a docentes y trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, y se extiende a la Policía y al Servicio Penitenciario bonaerense.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno provincial, con este esquema los aumentos acumulados durante el año llegarán al 22,5% en octubre y al 26% en noviembre. Bianco sostuvo que el acuerdo se alcanzó en un escenario de restricciones presupuestarias, que atribuyó tanto a los recortes nacionales como a la caída de los recursos propios y de la coparticipación.

Por último, Cristian Girard anunció un plan especial de ARBA para que los contribuyentes puedan regularizar deudas impositivas antes de que termine 2026. El régimen comenzará el 26 de octubre y ofrecerá bonificaciones de hasta el 40%, según la modalidad de pago y la fecha de adhesión. El beneficio comprenderá los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

El esquema tendrá descuentos decrecientes a medida que avance el calendario. Entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre, quienes cancelen sus obligaciones al contado recibirán una bonificación del 40%; quienes opten por tres cuotas tendrán un descuento del 20%, y quienes elijan seis cuotas accederán al 15%.

Entre el 14 y el 27 de noviembre, las bonificaciones serán del 35% para el pago al contado, del 15% en tres cuotas y del 10% en seis cuotas. Del 28 de noviembre al 11 de diciembre, los descuentos serán del 30%, el 10% y el 5%, respectivamente. Finalmente, entre el 12 y el 31 de diciembre se mantendrá una bonificación del 30% para quienes cancelen la deuda al contado.

El régimen permitirá regularizar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025, incluidas deudas que se encuentren en instancias prejudiciales, judiciales o en proceso de fiscalización. También podrán incorporarse obligaciones correspondientes a 2026, con excepción de las vinculadas al Impuesto de Sellos. Las bonificaciones no podrán superar el monto del capital adeudado.

La adhesión será digital, a través del sitio oficial de ARBA. La medida apunta a facilitar que los contribuyentes se pongan al día antes de 2027, cuando no registrar deudas con el fisco provincial será una condición para acceder a las bonificaciones y los descuentos impositivos previstos para el próximo año.

De esta manera, la conferencia de prensa reunió tres ejes de la agenda bonaerense: el cuestionamiento al manejo nacional de los recursos para obras hídricas, el reclamo por las tarifas y las inversiones de AySA, y una herramienta de regularización tributaria destinada a contribuyentes con obligaciones pendientes.