DIPUTADOS: EL GOBIERNO LOGRÓ FRENAR EL RECHAZO AL DNU 70/23 Y LA OPOSICIÓN NO CONSIGUIÓ QUÓRUM

La sesión especial convocada para el jueves 15 de octubre fracasó porque solo se presentaron 121 diputados, ocho menos de los necesarios para abrir el debate. La oposición buscaba rechazar el decreto que derogó la Ley de Tierras, además de tratar la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. El oficialismo y sus aliados evitaron que los proyectos llegaran al recinto.

La Cámara de Diputados no pudo abrir la sesión especial convocada por distintos bloques opositores para debatir el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. La convocatoria, prevista para las 14 del jueves 15 de octubre, reunió a 121 legisladores, pero quedó por debajo de los 129 necesarios para alcanzar el quórum. De esta manera, el decreto impulsado por el presidente Javier Milei continúa vigente y los otros proyectos incluidos en el temario tampoco pudieron tratarse.

El fracaso de la sesión se produjo después de varios días de negociaciones entre los bloques parlamentarios y en una jornada marcada por la movilización de organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes y docentes en las inmediaciones del Congreso. La oposición buscaba avanzar sobre tres cuestiones: la derogación del DNU 70/23, la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta fines de 2027 y una iniciativa para atender el endeudamiento de las familias.

La falta de asistencia de diputados que responden a gobernadores de distintos espacios provinciales resultó determinante. Entre las ausencias señaladas estuvieron legisladores de Provincias Unidas y de bloques vinculados con los gobiernos de Tucumán, Jujuy, Santa Fe y Misiones, entre otros distritos. La decisión de no ocupar sus bancas dejó a la oposición sin los votos necesarios para iniciar el debate.

El resultado significó un alivio para el Gobierno, que evitó una discusión parlamentaria sobre un decreto que reúne buena parte de las reformas económicas y regulatorias impulsadas desde el comienzo de la gestión de Milei. Si la Cámara hubiera avanzado con su rechazo, el alcance de la medida habría excedido la discusión sobre la propiedad de tierras rurales, ya que el DNU modificó o derogó numerosas normas de distintas áreas.

La sesión había sido solicitada por diputados de diferentes bloques opositores, que pretendían aprovechar la controversia sobre la Ley de Tierras para cuestionar el decreto en su conjunto. Sin embargo, el escenario cambió durante la semana, luego de nuevas decisiones judiciales y de una maniobra del oficialismo para restablecer los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros mediante otra vía legislativa.

LA LEY DE TIERRAS, EN EL CENTRO DE LA DISPUTA

El DNU 70/2023 fue firmado por Milei en diciembre de 2023 y publicado durante los primeros días de su Gobierno. Bajo el argumento de desregular la economía, el decreto introdujo cambios en numerosas normas y eliminó disposiciones que el Ejecutivo consideraba obstáculos para la actividad privada.

Uno de sus artículos, el 154, derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa legislación establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales: fijaba un máximo del 15% a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones por nacionalidad y por titular. También contemplaba condiciones especiales para terrenos ubicados en zonas de frontera o vinculados con determinados cuerpos de agua.

La derogación abrió una controversia política, jurídica y territorial sobre la protección de los recursos naturales y la soberanía. Organizaciones sociales, sectores políticos y excombatientes de Malvinas cuestionaron la medida y promovieron acciones judiciales para intentar restablecer las restricciones.

El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema rechazó una demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) por considerar que la entidad no tenía legitimación suficiente para impulsar ese reclamo. La decisión no constituyó un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del artículo 154. Posteriormente, el máximo tribunal adoptó una medida cautelar que volvió a suspender provisoriamente sus efectos en el marco de otra causa.

En paralelo, el oficialismo avanzó con una estrategia legislativa para restablecer los límites a la compra de tierras por extranjeros. El miércoles 14 de octubre, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo un dictamen de mayoría que incorporó la restitución de la Ley de Tierras, según la información difundida durante el debate parlamentario.

La iniciativa abrió una alternativa para atender uno de los cuestionamientos al DNU sin rechazar el decreto completo. El Gobierno buscó así reducir el respaldo que podía reunir la oposición y evitar que una eventual votación pusiera en riesgo el conjunto de las reformas contenidas en la norma. Sin embargo, la restitución propuesta por ese proyecto no equivale, por sí sola, a una ley ya sancionada y vigente.

QUÉ CAMBIOS PODRÍAN HABER ESTADO EN JUEGO

La oposición sostenía que rechazar el DNU era la vía para revertir la derogación de la Ley de Tierras y cuestionar otras modificaciones introducidas por el Gobierno. Entre las normas afectadas por el decreto se encuentran disposiciones vinculadas con los alquileres, el abastecimiento, la regulación de distintas actividades económicas y el funcionamiento de determinados mercados.

El debate también tenía una dimensión institucional: los bloques opositores cuestionan que se hayan introducido cambios de gran alcance mediante un decreto, en lugar de discutir cada reforma por separado en el Congreso. El oficialismo, por su parte, defiende la necesidad de las medidas para desregular la economía y sostiene que forman parte de su programa de transformación.

La Ley 26.122 establece el procedimiento para el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia. Para que un DNU sea rechazado por el Congreso, deben pronunciarse en contra ambas cámaras. El Senado ya había votado contra el DNU 70/23 en marzo de 2024, pero la falta de una decisión coincidente de Diputados impidió que quedara derogado. Por eso, la sesión del jueves era una instancia relevante para los sectores que buscan anularlo.

TAMPOCO SE TRATARON LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD Y LAS DEUDAS FAMILIARES

El temario incluía otros dos asuntos con impacto social. Uno era la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa buscaba extender las herramientas previstas para atender la situación del sector, en medio de reclamos por el financiamiento de las prestaciones, los aranceles de los servicios y las pensiones no contributivas.

La discusión se produce después de un prolongado conflicto entre el Gobierno y organizaciones de personas con discapacidad, familiares y prestadores. Los reclamos apuntan a garantizar recursos suficientes para sostener la atención y evitar que las dificultades económicas comprometan la continuidad de tratamientos y servicios.

El otro proyecto estaba relacionado con el endeudamiento familiar. En el Congreso se acumularon propuestas para atender el crecimiento de la morosidad y las dificultades de los hogares para pagar tarjetas de crédito, préstamos y otras obligaciones. Las iniciativas contemplan distintas herramientas de refinanciación, protección al consumidor y regularización de deudas.

Al caerse la sesión, ninguno de esos asuntos pudo ser debatido en el recinto. El resultado dejó sin respuesta parlamentaria inmediata a los sectores que reclamaban una extensión de la emergencia y a quienes buscaban avanzar con medidas de alivio financiero.

La caída de la convocatoria no impide que los proyectos vuelvan a ser tratados en otra oportunidad, pero obliga a sus impulsores a reconstruir acuerdos y reunir nuevamente las condiciones reglamentarias para abrir el debate.

La jornada terminó con una victoria táctica para el oficialismo, que conservó la vigencia del DNU 70/23 sin que la Cámara de Diputados votara su rechazo. La disputa por la Ley de Tierras, el alcance de las reformas económicas y las demandas sociales vinculadas con discapacidad y endeudamiento seguirán formando parte de la agenda parlamentaria.