MALVINAS: ARGENTINA RECURRIÓ AL TRIBUNAL DEL MAR PARA FRENAR EL PROYECTO PETROLERO DEL REINO UNIDO

El Gobierno de Javier Milei presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir el avance de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación apunta al proyecto Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, cuya producción está prevista para 2028. La medida se suma al arbitraje iniciado por la Argentina a fines de septiembre en el marco de la disputa de soberanía con el Reino Unido.

La Argentina llevó la disputa por la explotación petrolera en las Islas Malvinas a una nueva instancia internacional. Este martes 13 de octubre, el Gobierno nacional confirmó que presentó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, un pedido de medidas provisionales para que se suspendan las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La presentación busca frenar el avance del proyecto Sea Lion, una iniciativa de explotación petrolera offshore desarrollada por las compañías Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí. El emprendimiento está ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte del archipiélago y representa una de las principales apuestas para desarrollar la producción comercial de petróleo en la zona. Según las estimaciones difundidas, requiere una inversión de alrededor de 2.200 millones de dólares y prevé comenzar a producir en 2028.

A través de un comunicado oficial, la Presidencia sostuvo que el pedido tiene como objetivo preservar los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas por Londres agraven la controversia territorial. La Casa Rosada considera que el Reino Unido no puede habilitar unilateralmente la explotación de recursos naturales en un área marítima sujeta a la disputa de soberanía.

La solicitud se apoya en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Esa disposición contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar mientras se encuentra pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cuando se cumplen las condiciones previstas por la Convención. El propósito es preservar los derechos de las partes o prevenir daños graves al medio marino mientras continúa el procedimiento principal.

El pedido no significa que la explotación petrolera haya quedado suspendida automáticamente: ahora deberá evaluarse la solicitud dentro del procedimiento internacional correspondiente. La presentación argentina tampoco constituye una sentencia definitiva sobre la soberanía de las islas ni sobre la legalidad del proyecto. Se trata de una nueva instancia jurídica impulsada por Buenos Aires para intentar impedir que avance una actividad que considera contraria a sus derechos.

La medida se produjo después de que venciera el plazo de dos semanas que el Gobierno argentino había fijado al Reino Unido para que impidiera el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con Sea Lion. El ultimátum había sido comunicado a fines de septiembre, cuando la administración de Milei anunció que recurriría a los mecanismos previstos por el derecho internacional si Londres no detenía el emprendimiento.

El 28 de septiembre, la Argentina había iniciado un procedimiento de arbitraje conforme al Anexo VII de la CONVEMAR. La presentación ante el Tribunal del Mar se enmarca en ese proceso y busca obtener una protección provisoria mientras se desarrolla la instancia arbitral. La estrategia oficial combina así dos vías: el procedimiento destinado a resolver la controversia y el pedido urgente para evitar que las actividades cuestionadas continúen mientras se tramita el caso.

El conflicto volvió a escalar durante los últimos meses, a medida que las empresas involucradas avanzaron con los preparativos para desarrollar el yacimiento. En septiembre, la Cancillería argentina rechazó una guía comercial publicada por el Gobierno británico para promover negocios en las islas y convocó a los embajadores del Reino Unido y de Israel para entregarles notas formales de protesta. También cuestionó las licencias, los llamados a contratar proveedores y otras decisiones vinculadas con el proyecto.

Desde la perspectiva argentina, la explotación de hidrocarburos constituye un aprovechamiento unilateral de recursos naturales en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa. El Gobierno sostiene que esas actividades comprometen recursos no renovables que corresponden al país y que contradicen las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a las partes a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones.

La posición británica es opuesta. El Reino Unido sostiene que las actividades petroleras son legales y que el proyecto se desarrolla dentro de la plataforma continental de las islas, bajo la regulación de las autoridades locales. Tras conocerse la presentación argentina, la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, defendió la continuidad de las operaciones y afirmó ante la Cámara de los Comunes que Londres respaldará a las empresas que trabajan en el área. También cuestionó la iniciativa argentina, a la que presentó como una forma de presión económica.

Las compañías involucradas, por su parte, han sostenido que las acciones argentinas no impedirán necesariamente el desarrollo del proyecto. Sea Lion es considerado un emprendimiento de importancia para la economía de las islas, históricamente vinculada con la pesca y los servicios asociados. La puesta en marcha de la producción petrolera podría modificar su estructura económica, aunque su concreción depende de las inversiones, la infraestructura y las condiciones operativas necesarias para explotar el yacimiento.

La controversia se inscribe en un conflicto de soberanía que se remonta a 1833, cuando fuerzas británicas tomaron el control de las islas y las autoridades argentinas fueron desplazadas. Desde entonces, la Argentina mantiene su reclamo sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, mientras que el Reino Unido ejerce el control efectivo del archipiélago y sostiene el derecho de sus habitantes a la autodeterminación.

En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065, que reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica. Años después, la Resolución 31/49 instó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introdujeran modificaciones en la situación mientras continuara pendiente la resolución de la controversia. La Argentina considera que el desarrollo de actividades hidrocarburíferas sin su consentimiento contradice ese marco internacional.

La disputa tuvo su episodio más grave en 1982, cuando la dictadura militar argentina desembarcó en las islas y comenzó una guerra con el Reino Unido. El conflicto duró 74 días y terminó con la rendición argentina el 14 de junio. Murieron 649 integrantes de las fuerzas argentinas, 255 militares británicos y tres civiles isleños. Desde el final de la guerra, ambos países mantuvieron sus posiciones sobre la soberanía, aunque con distintas etapas de diálogo y tensión diplomática.

La cuestión petrolera ya había generado enfrentamientos entre ambos gobiernos antes del proyecto Sea Lion. En 1995, la Argentina y el Reino Unido firmaron una declaración conjunta sobre cooperación en actividades costa afuera, bajo una fórmula que preservaba las respectivas posiciones de soberanía. Sin embargo, las diferencias sobre el área geográfica de aplicación del acuerdo y las actividades unilaterales británicas impidieron sostener ese mecanismo. En 2007, la Argentina comunicó que daba por terminado el entendimiento.

En el plano interno, el Gobierno también impulsó medidas para reforzar las sanciones contra las empresas y las personas que participen en actividades hidrocarburíferas en áreas marítimas que considera argentinas sin autorización nacional. La iniciativa legislativa busca actualizar el marco sancionatorio vigente y ampliar las consecuencias para quienes intervengan en la exploración y explotación de recursos naturales. El proyecto, sin embargo, requiere el tratamiento correspondiente en el Congreso y no debe confundirse con una sanción internacional ya aplicada a las empresas de Sea Lion.

La nueva presentación ante el Tribunal del Mar abre otra etapa de la disputa, pero su resultado todavía está pendiente. La Argentina busca que se adopten medidas capaces de frenar el desarrollo petrolero mientras se tramita el arbitraje, en tanto que el Reino Unido mantiene su rechazo al reclamo y defiende las actividades autorizadas en las islas. La decisión que adopte el tribunal será relevante para el desarrollo del conflicto jurídico, aunque no resolverá por sí sola la disputa histórica de soberanía sobre Malvinas.