COMENZÓ EL CIERRE DE LA CÁRCEL DE DEVOTO: YA TRASLADARON A 609 PRESOS AL NUEVO PENAL DE MARCOS PAZ

El operativo comenzó el domingo y continuó durante el lunes y el martes, con un despliegue de fuerzas federales y controles especiales. Los primeros 326 detenidos fueron trasladados en la jornada inicial y el total llegó a 609, cerca del 40% de la población del penal porteño. La mudanza busca concretar un reclamo histórico de los vecinos, aunque surgieron cuestionamientos por el traslado de estudiantes universitarios y la continuidad de sus estudios.

El Gobierno nacional puso en marcha el traslado progresivo de los detenidos alojados en la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento comenzó el domingo 11 de octubre, cuando fueron trasladados los primeros 326 internos, y continuó durante las jornadas siguientes. Según el balance difundido este martes, 609 personas ya habían sido reubicadas, lo que representa alrededor del 40% de los aproximadamente 1.500 detenidos que estaban alojados en Devoto.

La operación se desarrolla bajo un importante despliegue de seguridad, con participación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y distintas fuerzas federales. El objetivo es completar el traslado de la población penal y avanzar con la desocupación definitiva del establecimiento porteño, cuyo cierre forma parte de un compromiso asumido entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento incluye la identificación de cada detenido, controles médicos, clasificación de acuerdo con su situación y perfil de riesgo, y registro de sus pertenencias. También se implementaron mecanismos de seguimiento de los vehículos y de trazabilidad de los movimientos para mantener el control durante todo el recorrido. Para coordinar las distintas etapas se creó un Comando Unificado Federal, encargado de organizar los traslados y articular la actuación de los organismos involucrados.

El operativo comenzó luego de que, el jueves 8 de octubre, funcionarios nacionales y porteños firmaran el acta de recepción provisoria del nuevo complejo penitenciario. En el acto participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La firma permitió avanzar con la puesta en funcionamiento del establecimiento y con la planificación de la mudanza.

La cárcel de Marcos Paz fue construida por la Ciudad de Buenos Aires sobre un predio de aproximadamente 80 hectáreas. Cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad y una capacidad informada de 2.232 internos. El complejo dispone de espacios destinados a la atención sanitaria, la educación, las visitas y otras actividades vinculadas con la vida cotidiana de las personas detenidas.

La construcción forma parte de un proyecto que se remonta a 2018, cuando la Nación y la Ciudad firmaron un convenio para avanzar con la nueva infraestructura penitenciaria y permitir, posteriormente, el cierre de Devoto. Las obras comenzaron ese año, pero quedaron paralizadas durante varios años. Los trabajos se reactivaron en diciembre de 2024 y avanzaron hasta permitir la recepción provisoria del establecimiento en octubre de 2026.

Una vez que concluya el traslado desde Devoto, el Gobierno prevé utilizar parte de la capacidad disponible en Marcos Paz para alojar a alrededor de 350 detenidos que actualmente se encuentran en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad y están a disposición de la Justicia nacional. La medida apunta también a liberar plazas en dependencias policiales que no fueron diseñadas para funcionar como establecimientos penitenciarios permanentes.

El traslado representa un cambio importante para Villa Devoto, donde el funcionamiento de la cárcel generó reclamos vecinales durante décadas. Los cuestionamientos estuvieron relacionados con la seguridad, las condiciones del entorno y la presencia de un establecimiento penitenciario de gran tamaño en una zona urbana densamente poblada. Jorge Macri celebró el comienzo de la mudanza y lo presentó como un avance para concretar una demanda histórica del barrio.

Sin embargo, el proceso también abrió una discusión sobre las condiciones en que se realizan los traslados y las consecuencias para los derechos de los detenidos. La Procuración Penitenciaria de la Nación cuestionó la falta de información consolidada sobre las personas reubicadas y advirtió sobre las dificultades que puede generar una mudanza acelerada para las familias y los organismos encargados de supervisar las condiciones de detención.

Uno de los principales puntos de preocupación es la continuidad educativa de quienes cursan estudios en el Centro Universitario Devoto (CUD), una experiencia de educación superior en contextos de encierro que depende de la Universidad de Buenos Aires. La institución funciona desde 1985 y ofrece carreras universitarias, entre ellas Derecho, Psicología, Sociología, Administración y Contador Público, además de actividades de formación complementaria.

La Procuración Penitenciaria y organizaciones de derechos humanos cuestionaron que los traslados se iniciaran sin garantías suficientes sobre la continuidad de las cursadas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, señaló la necesidad de informar con precisión a las personas detenidas, sus familiares y sus defensores sobre los destinos y los cronogramas de traslado. También reclamó que la mudanza no afecte el derecho a la educación ni el contacto familiar.

En ese contexto, la Procuración informó que presentó un hábeas corpus y que la Justicia convocó a una audiencia para tratar la situación. El organismo aclaró que el deterioro edilicio de Devoto hace necesario avanzar hacia su cierre, pero sostuvo que el procedimiento debe realizarse de manera planificada, con información suficiente y sin perjudicar los derechos de la población penitenciaria. También indicó que pudo ingresar a Marcos Paz y dialogar con las autoridades para verificar las condiciones de recepción de los detenidos.

El debate sobre la mudanza se suma a los cuestionamientos que desde hace años existen sobre las condiciones de alojamiento en Devoto. Tras el inicio del operativo se difundieron imágenes del interior del penal que mostraron paredes con humedad, instalaciones deterioradas y camas con colchones en mal estado. Esas condiciones reforzaron los argumentos a favor de reemplazar el establecimiento por una infraestructura más moderna, aunque no eliminan la obligación de garantizar condiciones dignas durante el traslado y en el nuevo destino.

La historia de la cárcel de Villa Devoto comenzó en la década de 1920. El establecimiento fue inaugurado el 2 de mayo de 1927 y se convirtió en una de las principales unidades penitenciarias federales de la Ciudad de Buenos Aires. Con el paso del tiempo, el crecimiento urbano hizo que el penal quedara rodeado por viviendas, comercios e instituciones barriales, lo que alimentó las demandas para que dejara de funcionar en ese lugar.

Uno de los episodios más graves de su historia ocurrió el 14 de marzo de 1978, durante la última dictadura militar, cuando un incendio en el Pabellón 7 provocó la muerte de 65 detenidos. El hecho, conocido como la Masacre del Pabellón Séptimo, quedó asociado a las denuncias sobre violencia institucional y las condiciones de encierro en el sistema penitenciario argentino. El futuro del predio también deberá contemplar su dimensión histórica y las demandas de memoria vinculadas con ese episodio.

La desocupación de Devoto abre, además, una etapa de discusión sobre el destino del terreno una vez que deje de funcionar como cárcel. Los acuerdos previos contemplaron la posibilidad de desarrollar un proyecto urbano que incluya espacios verdes y un sector de memoria. La concreción de esos planes dependerá de los pasos administrativos y urbanísticos posteriores al cierre del establecimiento.

Por ahora, la prioridad oficial es completar la mudanza hacia Marcos Paz. El Gobierno sostiene que el traslado se realiza de forma gradual y bajo estrictos controles de seguridad. Al mismo tiempo, los reclamos de los organismos de derechos humanos ponen el foco en la necesidad de que la modernización de la infraestructura no se limite al cambio de edificio, sino que garantice condiciones de detención adecuadas, acceso a la educación y comunicación con las familias durante todo el proceso.