PEDRO SÁNCHEZ ADELANTA LAS ELECCIONES EN ESPAÑA Y LLAMA A VOTAR EL 29 DE NOVIEMBRE

El presidente del Gobierno español anunció la disolución anticipada de las Cortes Generales después de una nueva derrota parlamentaria de su Ejecutivo. Los españoles volverán a las urnas el 29 de noviembre, en unos comicios que definirán si el PSOE logra sostener el gobierno progresista o si el Partido Popular y Vox consiguen avanzar hacia una nueva mayoría.

Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones generales en España y convocó a los ciudadanos a votar el próximo domingo 29 de noviembre. El presidente del Gobierno comunicó la decisión este lunes desde el Palacio de La Moncloa, después de un fin de semana de consultas con su entorno político y apenas tres días después de sufrir una nueva derrota en el Congreso de los Diputados.

La convocatoria se produce en un momento de fuerte debilidad parlamentaria para el Ejecutivo socialista. El viernes 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos impulsados por el Gobierno para hacer frente a la crisis habitacional. Las iniciativas incluían medidas relacionadas con la renovación de alquileres, límites a las rentas, restricciones a determinadas compras de viviendas por parte de fondos y beneficios fiscales para propietarios e inquilinos. Ambas normas fueron rechazadas con los votos del Partido Popular (PP), Vox y Junts, entre otros.

La votación terminó con 172 diputados a favor y 178 en contra, una demostración concreta de que Sánchez ya no dispone de una mayoría estable para sacar adelante algunas de las principales iniciativas de su Gobierno. La posición de Junts resultó especialmente relevante, ya que el partido independentista catalán había sido uno de los apoyos fundamentales para la conformación de la mayoría parlamentaria que permitió la investidura del presidente socialista.

Tras esa derrota, Sánchez decidió utilizar la facultad de disolver anticipadamente las Cortes y convocar elecciones. El presidente informó previamente al rey Felipe VI y anunció que el Consejo de Ministros se reuniría de manera extraordinaria para formalizar la convocatoria. La legislación electoral española establece que, cuando se produce una disolución anticipada, las elecciones deben celebrarse 54 días después de la convocatoria.

La fecha elegida será el 29 de noviembre. La campaña electoral comenzará formalmente a la medianoche del viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 27. El sábado 28 será la jornada de reflexión, mientras que el domingo 29 los españoles concurrirán a las urnas.

UNA DECISIÓN CON UN ESCENARIO ADVERSO

Sánchez justificó el adelanto electoral con la necesidad de obtener una mayoría parlamentaria más amplia que permita a su Gobierno avanzar con las reformas pendientes.

Durante su discurso, el presidente reivindicó los resultados económicos y sociales de su gestión y sostuvo que España se encuentra entre las economías que más crecen y generan empleo dentro de la Unión Europea. También destacó medidas vinculadas con becas, permisos de maternidad y paternidad, dependencia, sanidad, transición energética y fondos europeos. Esos fueron argumentos utilizados por el propio Sánchez para defender el balance de su Gobierno y no constituyen, por sí mismos, una evaluación independiente de su gestión.

Al mismo tiempo, reconoció que todavía existen problemas pendientes, especialmente en materia de desigualdad, servicios públicos y acceso a la vivienda. Precisamente la vivienda se convirtió en uno de los principales factores de presión sobre el Ejecutivo durante las últimas semanas.

La crisis habitacional ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda política española. Las dificultades para acceder a una vivienda, el aumento de los alquileres y los problemas relacionados con los desalojos provocaron movilizaciones en distintas ciudades. El Gobierno intentó responder mediante los decretos rechazados por el Congreso, pero la falta de respaldo parlamentario terminó convirtiendo esa iniciativa en el detonante inmediato del adelanto electoral.

El trasfondo político es todavía más complejo. El Gobierno de Sánchez se ha sostenido durante esta legislatura mediante una alianza parlamentaria amplia y heterogénea, que incluye al PSOE, Sumar y diferentes fuerzas nacionalistas e independentistas. Esa composición le permitió alcanzar la investidura, pero también hizo que cada votación relevante exigiera negociaciones con partidos que tienen intereses y posiciones diferentes.

Junts, liderado por Carles Puigdemont, se convirtió en uno de los actores decisivos de esa ecuación. Su respaldo fue fundamental para que Sánchez pudiera volver a ser presidente después de las elecciones de 2023, pero su relación con el Gobierno atravesó numerosos momentos de tensión.

EL ORIGEN DE LA ACTUAL LEGISLATURA

Para comprender el adelanto electoral hay que retroceder hasta las elecciones generales del 23 de julio de 2023. En aquella votación, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo fue la fuerza más votada, pero no consiguió reunir los apoyos suficientes para formar Gobierno.

El PP obtuvo 137 diputados y el PSOE consiguió 121. Vox logró 33 bancas y Sumar, 31. Ninguno de los dos grandes bloques alcanzó por sí solo la mayoría absoluta de 176 diputados.

Feijóo intentó formar Gobierno, pero no consiguió la confianza del Congreso. En la primera votación de investidura obtuvo 172 votos a favor y 178 en contra. Dos días después volvió a someterse a votación y tampoco consiguió la mayoría necesaria.

Sánchez tuvo entonces la posibilidad de intentar construir una mayoría alternativa. Para lograrlo, el PSOE alcanzó acuerdos con distintas fuerzas, entre ellas Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, EH Bildu, PNV y otras formaciones.

La investidura fue finalmente aprobada en noviembre de 2023 y Sánchez inició un nuevo mandato al frente del Gobierno español.

El acuerdo con Junts tuvo una particular importancia. Entre los compromisos alcanzados se encontraba la controvertida ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán, una medida que provocó una fuerte reacción de la oposición y se convirtió en uno de los principales ejes de confrontación política durante la legislatura.

UN PARLAMENTO CADA VEZ MÁS DIFÍCIL

Desde el comienzo de la legislatura, Sánchez tuvo que gobernar con una aritmética parlamentaria complicada. El PSOE y sus aliados no disponen de una mayoría propia y dependen de acuerdos variables para aprobar leyes, decretos y presupuestos.

El Ejecutivo tampoco consiguió aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado después de los correspondientes al ejercicio de 2023, lo que incrementó la sensación de parálisis parlamentaria y obligó a mantener prorrogadas las cuentas anteriores.

La derrota de los decretos de vivienda profundizó ese problema. La votación mostró que el Gobierno podía quedarse sin apoyos incluso frente a iniciativas vinculadas con una de las principales preocupaciones sociales del país.

En ese contexto, Sánchez optó por trasladar la decisión directamente al electorado.

El presidente presentó la convocatoria como una oportunidad para conseguir una mayoría progresista más amplia. En su discurso sostuvo que España debe elegir entre continuar con el proyecto que comenzó en 2018 o avanzar hacia un cambio de orientación política. También advirtió sobre la posibilidad de que un eventual Gobierno del PP termine dependiendo de Vox.

EL PP Y VOX, FRENTE A UNA NUEVA OPORTUNIDAD

El principal adversario del PSOE será nuevamente el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que llega a los comicios con una posición más favorable que la que tenía en 2023.

Las encuestas publicadas durante los últimos meses muestran, en términos generales, una ventaja del PP sobre el PSOE, aunque la distribución final de bancas dependerá de los resultados obtenidos en cada circunscripción y de la competencia entre las distintas fuerzas.

El crecimiento de Vox también será determinante. El partido de Santiago Abascal representa una parte importante del electorado de derecha y su desempeño puede definir si el PP tiene posibilidades de formar un Gobierno sin depender de otras fuerzas o si necesita alcanzar acuerdos con la ultraderecha.

El escenario que enfrenta Sánchez es especialmente complejo porque una victoria del PP no necesariamente implicaría un cambio automático de Gobierno: lo decisivo será la composición final del Congreso y la capacidad de cada bloque para reunir los 176 votos necesarios para una investidura con mayoría absoluta en la primera votación.

Del otro lado, el PSOE tendrá que intentar conservar a sus votantes y recuperar parte del electorado progresista que podría optar por otras fuerzas. El espacio situado a la izquierda del socialismo también atraviesa dificultades de organización y liderazgo, lo que agrega incertidumbre a la construcción de una mayoría alternativa.

SÁNCHEZ VUELVE A APOSTAR POR UNA ELECCIÓN ANTICIPADA

El adelanto del 29 de noviembre tiene además un antecedente importante en la trayectoria política de Sánchez. En mayo de 2023, después de una derrota significativa del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas, el presidente también decidió disolver anticipadamente las Cortes y convocar las elecciones generales de julio de ese año.

Aquella decisión tampoco estaba exenta de riesgos. El Partido Popular terminó siendo la fuerza más votada, pero no consiguió una mayoría suficiente para gobernar. La posterior incapacidad de Feijóo para obtener la investidura abrió el camino para que Sánchez construyera una nueva mayoría parlamentaria.

Ahora el escenario vuelve a ser diferente. El presidente socialista busca utilizar las urnas para resolver una situación de bloqueo parlamentario, pero lo hace con las encuestas situando al PP en condiciones competitivas e incluso con posibilidades de encabezar el próximo Gobierno.

La apuesta es, por lo tanto, de alto riesgo.

Sánchez confía en que una campaña centrada en la vivienda, los derechos sociales y el enfrentamiento entre el bloque progresista y la derecha movilice a sus votantes y permita reconstruir una mayoría. La oposición, en cambio, buscará convertir la elección en un plebiscito sobre la gestión del Gobierno y sobre la dificultad de Sánchez para mantener una mayoría estable.

ESPAÑA DEFINE SU PRÓXIMO RUMBO

Las elecciones del 29 de noviembre determinarán la composición del Congreso y el Senado y abrirán un nuevo proceso de investidura. El Gobierno actual continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, con las limitaciones establecidas para este tipo de situaciones.

El resultado tendrá consecuencias que irán más allá de la continuidad de Pedro Sánchez. España deberá definir también el equilibrio entre PSOE, PP, Vox y las distintas fuerzas regionales y nacionalistas que pueden volver a resultar determinantes para formar Gobierno.

La campaña estará atravesada por la vivienda, la economía, los servicios públicos, la inmigración, la situación de Cataluña y el papel de España dentro de la Unión Europea. También será una nueva prueba para la izquierda y la derecha españolas en un contexto europeo marcado por el crecimiento de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha.

Sánchez llega a la elección defendiendo el balance de sus años de Gobierno y reclamando una mayoría más amplia. El PP buscará transformar su ventaja en las encuestas en una victoria electoral que le permita llegar finalmente a La Moncloa, mientras Vox intentará aumentar su peso parlamentario y convertirse nuevamente en un actor decisivo.

El 29 de noviembre, los españoles no solamente elegirán a sus nuevos diputados y senadores: también definirán qué bloque tendrá mayores posibilidades de construir el próximo Gobierno y qué dirección política tomará el país en los próximos años.