LA DISPUTA POR LA PRIVATIZACIÓN DE AYSA LLEGA A LA SUPREMA CORTE BONAERENSE

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata concedió un recurso presentado por el Defensor del Pueblo bonaerense contra el traslado del expediente al fuero federal. Ahora, la Suprema Corte provincial deberá resolver qué justicia es competente para intervenir en la causa, mientras continúa vigente una medida cautelar que impide modificar determinadas obligaciones de AySA sobre el servicio de agua y saneamiento.

La disputa judicial alrededor de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sumó un nuevo capítulo. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, contra la decisión que había dispuesto que el expediente continuara en la Justicia Federal.

De esta manera, la causa llegará a la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Sin embargo, el máximo tribunal provincial no deberá definir en esta instancia si la privatización de AySA es válida o si finalmente debe concretarse. El punto que deberá resolver es qué fuero resulta competente para continuar con el expediente: la Justicia provincial o la federal.

La controversia comenzó a partir de una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo bonaerense contra los cambios introducidos en el esquema contractual de AySA en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno de Javier Milei. El organismo cuestionó que una modificación de las condiciones de prestación pudiera traducirse en menores obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, el saneamiento, la salud pública, la protección ambiental, las inversiones y las obras necesarias para sostener el servicio.

El expediente tuvo un primer pronunciamiento en junio, cuando el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Defensoría. La resolución ordenó a AySA abstenerse de modificar, reducir, limitar, suspender o alterar determinadas obligaciones vinculadas con el servicio mientras se analizaban las cuestiones ambientales, sanitarias e institucionales planteadas en la causa. La medida alcanzó a los 26 municipios bonaerenses comprendidos en el área de prestación de la empresa.

AySA apeló aquella decisión. La discusión llegó posteriormente a la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que en septiembre confirmó la protección cautelar. El tribunal consideró que debían mantenerse las condiciones esenciales de prestación mientras avanzaba la discusión judicial y puso el foco, entre otros aspectos, en el derecho al agua y en los principios preventivo y precautorio propios de la materia ambiental.

Al mismo tiempo, la Cámara ratificó que el expediente debía continuar en el fuero federal. Ese punto es el que ahora cuestionó la Defensoría del Pueblo mediante un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Los camaristas Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez consideraron que el recurso reunía las condiciones necesarias para ser concedido. La resolución sostuvo que la decisión sobre la competencia podía ser considerada definitiva a los efectos de habilitar la instancia extraordinaria, debido a que implicaba sacar el expediente de la jurisdicción provincial y enviarlo a otra jurisdicción.

La discusión sobre la competencia tiene una particularidad: AySA es una sociedad anónima cuyo 90% del capital pertenece al Estado nacional, mientras que el 10% restante está en manos de sus empleados a través del Programa de Propiedad Participada. Además, el proceso de privatización fue dispuesto mediante normas nacionales. Ese es uno de los argumentos que llevaron a la Cámara a considerar que la causa debía tramitar ante la Justicia Federal.

Del otro lado, la Defensoría sostiene que la controversia planteada tiene efectos directos sobre habitantes y municipios de la provincia de Buenos Aires y cuestiona que el expediente sea retirado de la jurisdicción bonaerense. La decisión final sobre este punto estará ahora en manos de la Suprema Corte provincial.

CÓMO AVANZÓ EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN

La disputa judicial se desarrolla mientras el Gobierno nacional continúa con el procedimiento para transferir AySA al sector privado.

La empresa fue creada el 21 de marzo de 2006, luego de que el Poder Ejecutivo nacional rescindiera el contrato de concesión que desde 1993 estaba en manos de Aguas Argentinas. El Decreto 303/2006 dispuso la rescisión por culpa del concesionario y ordenó reasumir transitoriamente la operación del servicio hasta la conformación de la sociedad que continuaría con la prestación.

Aguas Argentinas había comenzado a operar en 1993, durante el proceso de privatización de los servicios de Obras Sanitarias de la Nación. El contrato de concesión fue firmado el 28 de abril de ese año y tenía un plazo de 30 años. En 2006, el Estado nacional puso fin anticipadamente a la concesión y creó AySA como continuadora del servicio.

Casi dos décadas después, el camino volvió a invertirse. La Ley Bases, sancionada en 2024, incluyó a AySA entre las empresas sujetas a privatización. Posteriormente, el Decreto 494 de julio de 2025 autorizó el procedimiento para avanzar con la privatización total mediante la venta de las acciones pertenecientes al Estado nacional.

El esquema establecido por el Gobierno contempla la transferencia del 90% de las acciones estatales. La normativa también determinó que, en una primera instancia, al menos el 51% del paquete accionario debía ser vendido a un operador estratégico mediante una licitación pública nacional e internacional. El remanente estatal que no fuera vendido por esa vía podía colocarse posteriormente en bolsas y mercados del país.

En mayo de 2026, además, el Ministerio de Economía aprobó el modelo del nuevo contrato de concesión y posteriormente se perfeccionó el acuerdo entre el Estado nacional y AySA. Ese nuevo marco contractual es uno de los elementos centrales cuestionados en la causa judicial iniciada por la Defensoría bonaerense.

DOS OFERENTES PARA EL 90% DE AYSA

El proceso de privatización avanzó en septiembre con la apertura de las ofertas técnicas. El 15 de septiembre se conocieron los grupos que participan de la licitación para quedarse con las acciones estatales.

Según informó el Gobierno nacional, la evaluación comenzó con las propuestas de los consorcios que se presentaron al proceso. Entre los nombres consignados oficialmente aparecen Rowing, Arcos, Transclor y PHX, por un lado, y el grupo Roggio, entre otros integrantes, por el otro.

Distintos medios identificaron a los dos grupos principales como el consorcio Rowing, integrado por Arcos, Transclor y PHX, y el grupo encabezado por Roggio. La documentación y las propuestas técnicas deben ser evaluadas antes de avanzar hacia las siguientes etapas del procedimiento.

La privatización, por lo tanto, todavía no está consumada: el proceso se encuentra en una etapa de evaluación de las ofertas técnicas. La disputa judicial corre en paralelo y puede influir sobre las condiciones bajo las cuales deberá prestarse el servicio, pero la Suprema Corte bonaerense no tiene ahora la decisión final sobre la venta de la empresa.

El Gobierno nacional sostiene que el futuro operador tendrá que asumir un programa obligatorio de inversiones y expansión. Según la información oficial difundida tras la apertura de los sobres, las obligaciones de inversión previstas superan los US$2.000 millones durante los primeros cinco años. El Ejecutivo también cuestionó la gestión estatal anterior y señaló que AySA recibió transferencias del Tesoro por más de US$13.400 millones entre 2006 y 2023. Esos números forman parte de la argumentación oficial a favor de la privatización y no constituyen, por sí mismos, una conclusión judicial sobre la conveniencia o legalidad del proceso.

En el otro extremo, la Defensoría bonaerense sostiene que el cambio de operador no puede significar una reducción de las garantías ambientales, sanitarias y de prestación del servicio. Esa discusión es la que originó la medida cautelar que actualmente limita determinadas modificaciones en las obligaciones de AySA.

EL SERVICIO QUE ESTÁ EN JUEGO

AySA presta los servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en municipios del área metropolitana. La magnitud de la operación explica parte de la relevancia de la disputa: el proceso involucra a millones de usuarios y una infraestructura que requiere inversiones permanentes para ampliar redes, mantener plantas y garantizar el tratamiento y distribución del agua.

La historia de la compañía también muestra que la discusión sobre quién administra el servicio no comenzó con Milei. El sistema atravesó distintas etapas de gestión pública y privada durante las últimas décadas.

Obras Sanitarias de la Nación había sido durante gran parte del siglo XX la principal estructura estatal encargada del servicio. El proceso de privatización de los años 90 llevó a la creación de Aguas Argentinas como concesionaria del área metropolitana. Tras la rescisión del contrato en 2006, el Estado volvió a asumir directamente la conducción mediante AySA.

Ahora el Gobierno nacional busca concretar nuevamente una transferencia al sector privado, aunque bajo un esquema diferente al de la década del 90 y con un nuevo marco regulatorio y contractual.

La Justicia deberá determinar en los próximos pasos hasta dónde llegan las facultades de cada jurisdicción y qué alcance tienen las medidas adoptadas para proteger las condiciones del servicio. Mientras tanto, el proceso de venta continúa con la evaluación de los oferentes.

La llegada del expediente a la Suprema Corte bonaerense agrega una nueva instancia a una privatización que ya atravesó cambios normativos, licitaciones, recursos judiciales y medidas cautelares. El máximo tribunal provincial deberá resolver primero una cuestión procesal decisiva: si la causa puede seguir siendo discutida ante la Justicia bonaerense o si debe quedar definitivamente bajo jurisdicción federal.

El resultado de esa discusión no determinará por sí solo el futuro de AySA, pero sí definirá qué tribunal tendrá a su cargo una parte central de la pelea judicial por las condiciones bajo las cuales se desarrolla la privatización de uno de los servicios públicos esenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires.