LA JUSTICIA AVANZÓ CON EL AMPARO PARA RECLAMAR FONDOS NACIONALES PARA LAS RUTAS DE ENTRE RÍOS

El Juzgado Federal de Victoria dio trámite a la presentación realizada por los legisladores Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay contra el Estado nacional y Vialidad Nacional. El juez Federico Martin pidió informes antes de resolver el pedido cautelar para que se reactiven el mantenimiento y las obras en las rutas nacionales de la provincia.

La Justicia Federal de Victoria dio un nuevo paso en el reclamo de Entre Ríos por los fondos destinados a la infraestructura vial. El juez Federico Martin declaró su competencia para intervenir en la causa presentada por los legisladores nacionales Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay y solicitó al Estado nacional que presente un informe antes de resolver la medida cautelar solicitada.

El expediente, identificado con el número 12957/2026 y caratulado “Bahl, Adán Humberto y otros c/ Estado Nacional – Ministerio de Economía y otro s/ Amparo Ley 16.986”, apunta contra el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad. Los demandantes reclaman que se garanticen los recursos destinados al mantenimiento, conservación y ejecución de obras en las rutas nacionales que atraviesan Entre Ríos.

La resolución judicial no significa todavía que la Nación haya sido obligada a transferir los fondos. El magistrado dispuso que los organismos demandados presenten, dentro de un plazo de tres días, un informe sobre el interés público involucrado en la medida solicitada y que puedan formular las consideraciones correspondientes sobre la admisibilidad y procedencia del planteo. Recién después de esa instancia deberá resolverse el pedido cautelar.

EL RECLAMO POR EL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES

La discusión judicial está vinculada con los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) y, particularmente, con el Sistema Vial Integrado (SISVIAL). El esquema tiene antecedentes en el fideicomiso creado por el Decreto 976/2001 y en las normas posteriores que establecieron mecanismos de financiamiento para infraestructura de transporte.

La legislación nacional establece que una parte de los recursos provenientes de los impuestos vinculados con los combustibles tiene asignaciones específicas dentro del sistema de infraestructura. El Decreto 1377/2001 creó formalmente el SIT, integrado originalmente por el SISVIAL y el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER). Posteriormente, distintas leyes y decretos modificaron la estructura y distribución de esos recursos.

Los legisladores entrerrianos sostienen que una parte de esos recursos no estaría siendo aplicada a la finalidad vial que, según su interpretación, corresponde al sistema.

Guillermo Michel afirmó que “cada vez que un argentino, un entrerriano, carga combustible, parte del impuesto va a un fondo específico para la reparación de las rutas”, y cuestionó que, según el planteo presentado ante la Justicia, tres de cada cuatro pesos del fondo habrían sido derivados a instrumentos financieros, como bonos, títulos y acciones, en lugar de destinarse a obras viales.

El diputado también aseguró que más de $1,5 billones que, según su denuncia, deberían haber sido destinados a las rutas fueron utilizados para otros fines vinculados con las cuentas nacionales.

Estas cifras y la interpretación sobre el destino de los recursos forman parte de los argumentos de los demandantes. No constituyen, por el momento, una conclusión judicial sobre una eventual utilización irregular de los fondos. Precisamente, uno de los objetivos de la etapa que se abrió ahora es que el Estado nacional informe ante el juzgado sobre la administración y el destino de esos recursos.

LAS RUTAS QUE ATRAVIESAN LA PROVINCIA

El reclamo adquiere especial relevancia por la importancia que tiene la red vial nacional para Entre Ríos. Entre los principales corredores que atraviesan la provincia se encuentran las rutas nacionales 12, 14, 18, 127, 135 y 174, además de otros tramos como las rutas 130, 131, 136 y A-015.

La Ruta Nacional 12 constituye uno de los principales corredores del centro y norte entrerriano, mientras que la 14 integra el denominado corredor del Mercosur y conecta distintas localidades del este provincial. La Ruta 174, por su parte, comprende el enlace vial entre Victoria y Rosario a través del puente sobre el río Paraná.

La importancia de estos corredores excede a Entre Ríos. La propia normativa nacional los identifica como parte de una red estratégica para el comercio regional y la conexión con los pasos fronterizos hacia Uruguay y Brasil. El corredor concesionado dentro de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones incluye las rutas 12, 14, 135, A-015 y 117, además del Puente Rosario-Victoria.

En 2026, el Gobierno nacional avanzó con un nuevo esquema de concesiones para determinados corredores viales. En enero se formalizó la concesión de 741 kilómetros correspondientes a los tramos Oriental y Conexión de la primera etapa de la Red Federal de Concesiones. La concesión comprende, entre otras trazas, las rutas 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria.

Durante mayo, Vialidad Nacional informó además sobre trabajos de mantenimiento en distintos sectores de las rutas 12 y 14. Entre las tareas mencionadas estuvieron intervenciones en los puentes Mitre y Urquiza del complejo Zárate-Brazo Largo, trabajos de bacheo y reparación de losas y tareas de puesta en valor de luminarias en sectores de la Ruta 14.

En ese mismo marco, el Gobierno nacional comunicó que ya se habían rehabilitado 203 kilómetros entre Zárate y Gualeguaychú y que continuaban trabajos sobre los restantes kilómetros de la primera etapa de la Red Federal de Concesiones.

EL CONFLICTO POR EL MANTENIMIENTO VIAL

El planteo judicial se inscribe en una discusión más amplia entre las provincias y el Gobierno nacional por el financiamiento de obras de infraestructura. Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, la política de obra pública nacional fue modificada, con una reducción de la participación directa del Estado nacional en distintos proyectos y un mayor impulso a mecanismos de concesión y participación privada.

En el caso de las rutas nacionales, el Gobierno sostiene que la nueva Red Federal de Concesiones busca transferir al sector privado la explotación, administración y mantenimiento de corredores estratégicos mediante esquemas que no requieran subsidios públicos directos. La primera etapa contempla más de 700 kilómetros y forma parte de un programa que proyecta concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

Para los legisladores que promovieron el amparo, sin embargo, el problema no se limita al modelo de concesiones. El reclamo se concentra específicamente en los recursos vinculados con el impuesto a los combustibles y en la necesidad de que los fondos que consideran afectados a infraestructura vial sean aplicados a las rutas nacionales de la provincia.

El planteo también llega en un momento en el que distintos gobiernos provinciales vienen reclamando por el estado de corredores nacionales y por la falta de recursos para afrontar obras de mantenimiento.

QUÉ DEBERÁ RESOLVER AHORA LA JUSTICIA

Con la decisión del juez Martin, el expediente entra en una nueva etapa. El Estado nacional y los organismos demandados deberán responder el requerimiento judicial dentro del plazo establecido. A partir de esa información, el magistrado deberá analizar el pedido cautelar formulado por los legisladores.

Los demandantes pretenden que se disponga la transferencia de recursos y la reactivación de las tareas de mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales entrerrianas.

El juez deberá determinar, en primer término, si corresponde conceder esa medida mientras continúa el proceso. Una eventual cautelar no implicaría necesariamente una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia, ya que el amparo todavía debería continuar hasta establecer si corresponde hacer lugar al reclamo principal.

Por ahora, el dato concreto es que la Justicia Federal abrió la puerta al tratamiento del planteo y le pidió explicaciones al Gobierno nacional antes de decidir sobre la medida cautelar. La respuesta que presente la Nación será el próximo paso de una disputa que combina infraestructura, distribución de recursos y el rol que tendrá el Estado nacional en el mantenimiento de una red vial clave para la circulación interna y el comercio regional.