ARGENTINA RECURRIRÁ AL ARBITRAJE INTERNACIONAL PARA FRENAR EL PROYECTO PETROLERO SEA LION EN MALVINAS

El Gobierno de Javier Milei instruyó a la Cancillería a iniciar el procedimiento previsto por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y le dio dos semanas al Reino Unido para detener las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. Si Londres no acata el pedido, Argentina anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El Gobierno argentino decidió profundizar su estrategia diplomática y jurídica frente al avance del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas próximas a las Islas Malvinas. El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a iniciar el procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

La decisión fue comunicada el lunes 28 de septiembre, pocos días después de que Milei llevara el reclamo por las Malvinas a la Asamblea General de las Naciones Unidas. En paralelo, el Gobierno argentino intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con la explotación petrolera. Si Londres no cumple con el requerimiento, la Argentina anunció que recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para pedir medidas provisionales destinadas a preservar los derechos que el país reclama sobre su plataforma continental.

La vía elegida por Buenos Aires tiene una particularidad importante. El arbitraje del Anexo VII no es un tribunal perteneciente orgánicamente a la ONU, sino un mecanismo de solución de controversias establecido dentro de la Convención sobre el Derecho del Mar. El procedimiento permite que un Estado someta una controversia a un tribunal arbitral mediante una notificación escrita y contempla la conformación de un tribunal de cinco integrantes en determinadas circunstancias. La propia Convención establece que los laudos emitidos por ese tribunal son definitivos y deben ser cumplidos por las partes.

EL PROYECTO QUE PROVOCÓ LA NUEVA ESCALADA

El centro de la disputa es Sea Lion, un proyecto hidrocarburífero ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La iniciativa es desarrollada por Navitas Petroleum Development and Production, subsidiaria británica de la compañía israelí Navitas Petroleum, junto con la británica Rockhopper Exploration.

Las dos empresas adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para avanzar con el desarrollo de la primera fase del yacimiento. El Gobierno de las Islas Malvinas aprobó además el programa de desarrollo y producción correspondiente a las fases 1 y 2.

De acuerdo con la información publicada por Navitas, el proyecto prevé comenzar a producir petróleo en marzo de 2028. La primera etapa contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, mientras que una segunda fase incorporaría otros 12 pozos. La empresa calcula una producción máxima cercana a los 50.000 barriles diarios durante la primera etapa.

Para las autoridades argentinas, la cuestión no se limita al proyecto Sea Lion. El comunicado presidencial también busca impedir nuevas autorizaciones para la explotación de recursos naturales en áreas de la plataforma continental que Argentina considera propias y que se encuentran comprendidas dentro de la disputa de soberanía con el Reino Unido.

La Cancillería ya había elevado una protesta formal el 22 de septiembre contra la extensión de licencias hidrocarburíferas anunciada por las autoridades de las islas y contra la autorización vinculada con la participación de Navitas Petroleum Atlantic Limited en una de esas licencias. Días antes, el 15 de septiembre, también había cuestionado una guía publicada por el Gobierno británico para promover actividades comerciales y económicas en las Islas Malvinas, incluida la explotación de hidrocarburos.

UNA DISPUTA QUE LLEVA DÉCADAS

La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas tiene un largo recorrido diplomático y jurídico. Las Naciones Unidas incorporaron a las islas a la lista de territorios no autónomos en 1946 y la cuestión comenzó a ser tratada específicamente por el Comité Especial de Descolonización en la década de 1960.

Uno de los principales antecedentes fue la intervención del diplomático argentino José María Ruda ante Naciones Unidas en 1964. Su presentación fue seguida por la aprobación, el 16 de diciembre de 1965, de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General.

La resolución reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos gobiernos a negociar para encontrar una solución pacífica y definitiva, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. El documento fue aprobado por 94 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones.

A partir de entonces se desarrollaron negociaciones bilaterales que se extendieron hasta 1982, aunque nunca se alcanzó un acuerdo sobre la soberanía. La guerra de Malvinas de ese año modificó el escenario, pero no eliminó la controversia. Luego del conflicto, la Asamblea General volvió a reclamar la reanudación de las negociaciones.

Otro antecedente relevante para la disputa actual es la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que instó a la Argentina y al Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que implicaran modificaciones unilaterales de la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas. El Gobierno argentino considera que el desarrollo unilateral de recursos hidrocarburíferos contradice ese marco.

EL PETRÓLEO, UN NUEVO FOCO DE CONFLICTO

La explotación de hidrocarburos en el área de las Malvinas no es un tema nuevo. Argentina y el Reino Unido llegaron a firmar en 1995 una declaración conjunta sobre cooperación en actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental, bajo una fórmula que preservaba las respectivas posiciones sobre la soberanía.

Sin embargo, surgieron diferencias sobre el alcance geográfico del acuerdo y sobre las actividades unilaterales británicas. La Argentina dio por terminado ese entendimiento en 2007, luego de considerar agotadas las posibilidades de resolver las divergencias. En 2011 el Congreso aprobó la Ley 26.659, posteriormente modificada por la Ley 26.915, que establece sanciones para actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales.

En los últimos años, la cuestión volvió a adquirir relevancia a partir del avance de Sea Lion. En septiembre de 2026, la Cancillería incrementó las protestas diplomáticas y el Gobierno inició procedimientos sancionatorios contra personas y empresas a las que acusa de participar en actividades hidrocarburíferas vinculadas con las islas. A comienzos de ese mismo mes se anunciaron procedimientos contra 45 personas y empresas en el marco de la Ley 26.659.

Además, la Justicia Federal de Río Grande dictó el 16 de septiembre una medida cautelar que ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar distintas obras vinculadas con Sea Lion. La resolución alcanzó perforaciones del lecho marino, infraestructura submarina, conductos y el comienzo de la extracción comercial, y quedó vinculada a una acción preventiva por posibles daños ambientales y soberanos presentada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata.

La medida, sin embargo, tiene carácter cautelar y no constituye una decisión definitiva sobre el fondo de la controversia. La jueza Mariel Borruto estableció que la suspensión se mantendrá hasta que la autoridad ambiental nacional competente tramite la evaluación de impacto ambiental correspondiente o hasta que el propio juzgado disponga otra cosa.

QUÉ DICE EL REINO UNIDO

La posición británica es opuesta a la argentina. El Gobierno del Reino Unido sostiene que las Islas Malvinas son un territorio británico de ultramar y defiende el derecho de sus habitantes a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

En una guía publicada el 15 de septiembre, Londres señaló que respalda la actividad económica de las islas y que considera que las decisiones sobre el desarrollo de sus recursos corresponden al Gobierno de las Malvinas y a las compañías involucradas. También sostuvo que las actividades hidrocarburíferas de la plataforma continental de las islas están reguladas por la legislación local y en el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar.

El Reino Unido también mantiene como argumento central el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas. La Argentina, en cambio, sostiene que la cuestión debe resolverse como una disputa de soberanía entre ambos Estados y que las resoluciones de Naciones Unidas establecen la necesidad de una negociación bilateral.

MILEI HABÍA LLEVADO EL RECLAMO A LA ONU

La decisión de recurrir al mecanismo arbitral se produjo pocos días después del discurso de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 23 de septiembre.

En esa intervención, el Presidente pidió al Reino Unido retomar las negociaciones sobre la soberanía de las Malvinas y cuestionó el avance de Sea Lion. También sostuvo que la Argentina utilizaría las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para defender su posición.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional”, afirmó entonces el mandatario, quien cuestionó además que, a su entender, las resoluciones internacionales no estuvieran teniendo consecuencias concretas frente a las actividades hidrocarburíferas.

El nuevo paso anunciado por el Gobierno busca trasladar esa posición al terreno jurídico internacional. El procedimiento de arbitraje será ahora una de las herramientas mediante las cuales Argentina intentará cuestionar el desarrollo de Sea Lion y, al mismo tiempo, evitar nuevas autorizaciones para la explotación de recursos en las zonas que considera parte de su plataforma continental.

La respuesta del Reino Unido y el desarrollo del procedimiento serán determinantes para establecer cómo continúa una disputa que, casi seis décadas después de la Resolución 2065 de Naciones Unidas, vuelve a sumar al petróleo y a los recursos naturales como uno de sus principales puntos de tensión.