DISCAPACIDAD: EL OFICIALISMO LOGRÓ DICTAMEN DE MAYORÍA CON APOYO DE SUS ALIADOS Y BUSCA REEMPLAZAR LA EMERGENCIA

La Libertad Avanza consiguió 42 firmas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para impulsar un régimen permanente. La oposición reunió 36 adhesiones para prorrogar hasta fines de 2027 la emergencia vigente. El debate quedó atravesado por las modificaciones previstas en el Presupuesto 2027 y por las diferencias sobre el financiamiento del sistema.

La Cámara de Diputados dio este miércoles un nuevo paso en la discusión sobre las políticas destinadas a las personas con discapacidad. En un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, La Libertad Avanza y sus aliados consiguieron dictamen de mayoría para un proyecto que busca reemplazar la actual Emergencia Nacional en Discapacidad por un régimen permanente.

El despacho oficialista reunió 42 firmas, mientras que el dictamen de minoría, impulsado por bloques de la oposición y orientado a prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, obtuvo 36. La iniciativa que logró mayoría fue acompañada por integrantes de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, además de legisladores de bloques provinciales que respaldaron el texto con disidencias.

La discusión se produjo después de varias semanas de tensión parlamentaria en torno al financiamiento de las prestaciones, las pensiones no contributivas y la actualización de los aranceles del sistema. El oficialismo presentó su propuesta como una alternativa permanente a la emergencia, mientras que los bloques que respaldaron la prórroga sostuvieron que la situación del sector requiere mantener el régimen excepcional durante 2027.

La diputada Laura Rodríguez Machado, de La Libertad Avanza, fue una de las principales impulsoras del proyecto oficialista. Durante el debate sostuvo que la intención es establecer una norma permanente y no prolongar indefinidamente un esquema de emergencia. La legisladora explicó que la iniciativa mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, contempla su compatibilidad con el trabajo hasta determinado nivel de ingresos y ratifica la universalidad y homogeneidad de los aranceles del nomenclador, junto con un mecanismo de actualización.

El texto también incorpora mecanismos de auditoría sobre los beneficios. Rodríguez Machado planteó que el objetivo es mantener los derechos previstos para las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, establecer controles sobre el sistema. Esa posición fue defendida por el oficialismo durante el plenario como parte de la propuesta para abandonar el régimen de emergencia y establecer un marco permanente.

Del otro lado, los bloques que respaldaron la prórroga cuestionaron que el Gobierno haya modificado su posición después de haber enviado al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. El dictamen opositor propone extender por un año la emergencia establecida por la Ley 27.793, cuya vigencia actual llega hasta el 31 de diciembre de 2026.

Uno de los puntos centrales de la controversia es el capítulo referido a discapacidad incluido originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027. La oposición cuestionó que mientras el oficialismo impulsa ahora una ley permanente con actualización de prestaciones, el proyecto presupuestario enviado por el Poder Ejecutivo había generado cuestionamientos por modificaciones al sistema de prestaciones y al esquema de financiamiento. El Gobierno y sus aliados plantearon durante el debate que esos aspectos deberán ser compatibilizados en la discusión presupuestaria.

La disputa no es nueva. En septiembre de 2025, el Congreso había convertido en ley la Emergencia Nacional en Discapacidad mediante la Ley 27.793, después de que el Poder Ejecutivo la vetara inicialmente. Diputados insistió con la norma el 20 de agosto de ese año y el Senado hizo lo propio el 4 de septiembre, ambos con los dos tercios de los votos necesarios para dejar sin efecto el veto presidencial.

La Ley 27.793 declaró la emergencia en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga por un año. Entre otras medidas, estableció mecanismos de financiamiento para las pensiones no contributivas, dispuso una compensación de emergencia para los prestadores del sistema y fijó un esquema de actualización de los aranceles de las prestaciones básicas. También incorporó mecanismos institucionales de consulta con organizaciones de personas con discapacidad y prestadores.

El Gobierno había cuestionado la norma por su impacto presupuestario y sostuvo que no estaban determinadas las fuentes de financiamiento. Al promulgarla mediante el Decreto 681/2025, el Poder Ejecutivo dejó asentado que su ejecución quedaba suspendida hasta que se incorporaran al presupuesto las partidas necesarias. El decreto calculó que la aplicación completa de la ley implicaría un requerimiento presupuestario aproximado de $3,019 billones, según las estimaciones incluidas en sus fundamentos.

A pesar de aquella disputa, durante 2026 el Estado continuó aplicando el mecanismo de actualización del nomenclador. El 18 de septiembre, la Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó una actualización del 1,70% para los aranceles correspondientes a septiembre, calculada sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor de agosto. La resolución también mantuvo un adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.

Ese dato forma parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento económico del sistema, que incluye a centros de día, centros educativos terapéuticos, servicios de rehabilitación, transporte, formación laboral, escolaridad y prestaciones de apoyo, entre otras áreas contempladas por el nomenclador.

El debate parlamentario también incorporó testimonios de representantes provinciales y especialistas. En la reunión informativa del 16 de septiembre participaron más de 20 expositores de distintas regiones del país. Allí se plantearon reclamos vinculados con las pensiones, las auditorías, los medicamentos, los traslados y el financiamiento de las instituciones que brindan prestaciones.

Entre los testimonios presentados ante las comisiones estuvo el de Isabel Soria, directora general de Discapacidad de Salta, quien informó que desde enero de 2024 se habían iniciado, según los datos expuestos en la reunión, 90.791 trámites de pensiones por discapacidad y que 10.374 habían sido resueltos. También participaron representantes de Misiones, La Pampa y San Juan, quienes describieron distintas dificultades vinculadas con el acceso a prestaciones y trámites.

El tratamiento de la emergencia había sido incluido en la agenda de Diputados después de que el 9 de septiembre la Cámara aprobara por unanimidad un emplazamiento para que las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda debatieran la prórroga y avanzaran hacia un dictamen. El cronograma fijó una primera reunión informativa para el 16 de septiembre y otra para el 23, destinada al tratamiento de los dictámenes.

Con el dictamen de mayoría obtenido este miércoles, el proyecto oficialista tendrá prioridad para ser considerado en el recinto, aunque todavía no existe una fecha de votación definida. La oposición mantiene su despacho de minoría y buscará que la Cámara trate la prórroga de la emergencia.

De esta manera, el debate que llegará al recinto tendrá dos alternativas principales: por un lado, la propuesta del oficialismo para establecer un régimen permanente con pensiones, actualización de prestaciones y mecanismos de auditoría; por otro, la prórroga de la emergencia nacional hasta fines de 2027 impulsada por los bloques opositores.

La discusión parlamentaria deberá definir además cómo se compatibilizarán las nuevas disposiciones con el Presupuesto 2027, cuyo proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso el 15 de septiembre y actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados.