PABLO DI LISCIA ASUMIÓ AL FRENTE DE DISCAPACIDAD EN MEDIO DE LA TENSIÓN POR EL PRESUPUESTO 2027

El Gobierno designó al ex titular del IOMA como nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció por “razones estrictamente personales”. El recambio se produjo mientras el oficialismo negocia con bloques aliados un nuevo esquema para el área y busca modificar los cambios incluidos inicialmente en el Presupuesto 2027.

El Gobierno nacional designó a Pablo Di Liscia como nuevo secretario nacional de Discapacidad, un día después de la renuncia de Alejandro Vilches. El nombramiento fue confirmado por el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, y se produce en un momento de fuerte discusión política por el financiamiento de las prestaciones, las pensiones y el futuro de la emergencia nacional en discapacidad.

Di Liscia llega al cargo con experiencia tanto en la administración pública como en el sector privado. Entre 2017 y 2019 fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Antes había ocupado los cargos de subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Salud también destacó que cuenta con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado.

La cartera sanitaria informó que entre las principales tareas de Di Liscia estarán optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los mecanismos de gestión y control y mejorar la administración de los recursos. También continuará con las auditorías de las pensiones por invalidez laboral que ya se encontraban en marcha, con el objetivo oficial de detectar irregularidades y beneficios que hubieran sido otorgados de manera fraudulenta.

Su llegada se produce apenas 24 horas después de la salida de Vilches. El ahora exsecretario presentó su renuncia el lunes y atribuyó su decisión a “razones estrictamente personales”. Había asumido formalmente en febrero de 2026, cuando el Gobierno designó a las autoridades de la recientemente creada Secretaría Nacional de Discapacidad.

La Secretaría Nacional de Discapacidad había sido incorporada a la estructura del Ministerio de Salud a comienzos de este año, después de la reorganización del área que anteriormente estaba bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El Decreto 83/2026 designó a Vilches como secretario y estableció también las dos subsecretarías que integran la nueva estructura.

El cambio de autoridades ocurre, además, en plena discusión por el Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. El proyecto original incorporó modificaciones importantes al régimen de discapacidad, entre ellas cambios en el sistema de pensiones y en el Nomenclador de Prestaciones Básicas. También planteó modificaciones en el acceso a la pensión por invalidez laboral y en la relación entre el beneficio y el empleo registrado.

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la propuesta de dejar sin efecto la existencia de valores universales dentro del Nomenclador de Prestaciones Básicas, además de modificar el mecanismo de actualización de los aranceles. En materia de pensiones, el proyecto original planteaba volver a un criterio basado en la invalidez laboral y establecía restricciones para quienes tuvieran un trabajo registrado.

La iniciativa provocó cuestionamientos de distintos sectores y también abrió una discusión dentro de los bloques que habitualmente acompañan al oficialismo. El PRO, la UCR y representantes de bloques provinciales reclamaron precisiones sobre el financiamiento del sistema y sobre las compensaciones pendientes para los prestadores. En ese contexto, el Gobierno comenzó a trabajar en una alternativa para reemplazar el capítulo de discapacidad incluido inicialmente en el Presupuesto.

La discusión tuvo un nuevo capítulo este martes, cuando el oficialismo presentó a diputados aliados y dialoguistas un proyecto denominado “Ley de fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad”. La propuesta busca abandonar el esquema de emergencia y establecer un régimen permanente, aunque todavía se encuentra sujeto a negociaciones parlamentarias.

Entre los cambios incluidos en ese borrador aparece el mantenimiento de la prestación no contributiva por discapacidad para quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), mientras que la pensión por discapacidad y la pensión por invalidez laboral quedarían fijadas en el 70% del haber mínimo jubilatorio, con las actualizaciones correspondientes. También contempla que una persona pueda compatibilizar la pensión con un empleo formal siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

En cuanto al Nomenclador de Prestaciones Básicas, el nuevo texto sostiene la universalidad y homogeneidad de los aranceles y plantea un mecanismo de actualización vinculado al índice de movilidad de jubilaciones, pensiones y asignaciones. La frecuencia de esa actualización, sin embargo, todavía forma parte de la negociación: los bloques aliados reclaman que sea mensual, mientras el oficialismo evalúa distintas alternativas.

El borrador también contempla que las partidas destinadas a discapacidad tengan un piso que, en términos reales, no sea inferior al del ejercicio anterior. A su vez, incorpora un mecanismo para establecer un cronograma de pago de las compensaciones pendientes a los prestadores correspondientes al período de emergencia, en caso de que todavía existan obligaciones sin cancelar al momento de sancionarse la nueva normativa.

El contexto de la discusión está marcado por la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada en 2025 después de que el Congreso insistiera con la iniciativa pese al veto del Poder Ejecutivo. La norma declaró la emergencia en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026, con la posibilidad de una prórroga por un año, y estableció obligaciones vinculadas con salud, rehabilitación, educación, protección social y trabajo para las personas con discapacidad.

En febrero de 2026, el Gobierno aprobó mediante el Decreto 84/2026 la reglamentación de esa ley. El decreto recordó que la norma había sido vetada originalmente por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por el Congreso, y estableció el marco reglamentario para su aplicación.

Durante este año, además, la Secretaría Nacional de Discapacidad avanzó con actualizaciones periódicas del Nomenclador. En septiembre, el Gobierno oficializó un incremento del 1,70%, correspondiente a la actualización mensual de los aranceles de las prestaciones básicas, que incluye servicios de rehabilitación, centros de día, centros educativos terapéuticos, formación laboral, escolaridad, prestaciones de apoyo y transporte.

En agosto, el Gobierno había informado también que había destinado más de $3,4 billones para atención en discapacidad y que se encontraba trabajando con las jurisdicciones provinciales para mejorar la información y la planificación del sistema.

La designación de Di Liscia abre ahora una nueva etapa dentro de la Secretaría Nacional de Discapacidad, pero su llegada estará atravesada por una discusión que excede el cambio de funcionario. El futuro del sistema de prestaciones, las pensiones, las auditorías y el financiamiento del área forman parte de una negociación que todavía continúa en el Congreso, donde el oficialismo busca alcanzar un acuerdo con bloques aliados para modificar el esquema planteado originalmente en el Presupuesto 2027.