ADORNI PRESENTÓ ANTE LA JUSTICIA SU DESCARGO PATRIMONIAL Y ATRIBUYÓ SUS AHORROS A OPERACIONES CON BITCOIN

El exjefe de Gabinete entregó un escrito de 77 páginas para responder los 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa sostuvo que la evolución de sus bienes tiene un “sustento razonable y verificable”, explicó el origen de los dólares declarados y cuestionó el costo de la remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia su explicación sobre la evolución de su patrimonio y respondió el requerimiento de 20 puntos formulado por el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La presentación, realizada por su abogado Matías Ledesma, consta de 77 páginas e incluye documentación contable y técnica con la que la defensa busca justificar los movimientos económicos registrados durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

La presentación fue realizada antes del vencimiento del plazo otorgado por la Fiscalía y ahora será analizada por Pollicita y por el juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente. La investigación deberá determinar si las explicaciones aportadas permiten justificar las diferencias patrimoniales detectadas o si corresponde avanzar con nuevas medidas, entre ellas una eventual declaración indagatoria.

El eje central del descargo está puesto en el origen de los dólares que Adorni declaró tener y en la forma en que, según su defensa, fueron acumulados antes de su llegada a la función pública. La explicación apunta principalmente a operaciones realizadas con Bitcoin entre 2014 y 2018, período en el que, de acuerdo con el escrito, el exfuncionario habría comenzado a invertir parte de sus ahorros en criptomonedas.

Según la defensa, fueron analizadas ocho direcciones de Bitcoin que registran actividad entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. El documento sostiene que esas operaciones se realizaron antes de la apertura de las cuentas que Adorni posteriormente tuvo en plataformas como Binance, Buenbit y Lemon, y plantea que durante aquellos años buena parte de las operaciones con criptomonedas se realizaban entre particulares y mediante billeteras de autocustodia.

La presentación sostiene que la posterior venta de esos activos permitió obtener US$591.544,61, dinero que, siempre de acuerdo con la versión de la defensa, primero fue reinvertido y luego convertido en efectivo y conservado fuera del sistema bancario, en el domicilio familiar. El escrito también señala que las claves privadas de las billeteras fueron puestas a disposición de la Justicia como parte de la documentación aportada.

La defensa sostiene además que la evolución patrimonial de Adorni no presenta un enriquecimiento que carezca de explicación. En el escrito afirma que los movimientos registrados durante el período investigado “encuentran sustento razonable y verificable” en la documentación presentada y en aquella que, según anticipó, podría incorporarse posteriormente.

Uno de los puntos que la Fiscalía había solicitado aclarar está relacionado con los dólares en efectivo declarados por Adorni en sus declaraciones juradas. Entre los montos observados aparecen US$565.000, US$513.000 y US$388.961,52, correspondientes a distintas declaraciones y rectificaciones patrimoniales. La defensa explicó que esos fondos forman parte de los ahorros cuya procedencia vincula con las operaciones anteriores con activos digitales y con otros ingresos y movimientos financieros declarados.

Otro capítulo importante de la presentación está relacionado con la compra y remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá. En este punto existe una diferencia entre lo que surge de la investigación y lo que sostiene Adorni.

La Fiscalía había solicitado que se explicara específicamente el origen de los fondos destinados a una remodelación por US$245.000, cifra que habría sido señalada por el contratista Matías Tabar. La defensa, sin embargo, cuestionó ese monto y sostuvo que el costo real de los trabajos fue de US$175.000, por lo que también rechazó parte del cálculo utilizado para reconstruir los gastos del grupo familiar.

El expediente también contempla la adquisición de otros inmuebles. La defensa explicó, entre otros movimientos, que para la compra de un inmueble ubicado en Miró 550 se utilizaron US$30.000 en efectivo provenientes de los ahorros de Adorni, mientras que la adquisición del lote 380 de Indio Cuá, por US$120.000, habría sido financiada parcialmente mediante un préstamo con garantía hipotecaria y parcialmente con dinero en efectivo.

La Fiscalía también había pedido explicaciones sobre préstamos o “mutuos” realizados con familiares, pagos efectuados mediante terceros, gastos con tarjetas y cuentas bancarias, viajes al exterior, alquileres, expensas, cuotas escolares y distintos comprobantes que no habían podido ser conciliados inicialmente con los movimientos financieros conocidos.

En su presentación, la defensa respondió que el conjunto de los gastos puede ser explicado mediante los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, los ahorros en moneda extranjera y los rendimientos obtenidos a través de distintas inversiones. También sostuvo que algunas diferencias detectadas en las declaraciones juradas responden a cuestiones de valuación, rectificaciones o movimientos que no representarían ingresos nuevos de dinero.

CÓMO COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN

La causa por presunto enriquecimiento ilícito avanzó durante 2026 a partir de un análisis de la evolución patrimonial de Adorni y de su grupo familiar. Un informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) detectó inconsistencias que fueron posteriormente remitidas al fiscal Pollicita.

El informe no estableció por sí mismo que hubiera existido un delito, pero señaló diferencias que requerían una explicación por parte del entonces funcionario. Entre los elementos analizados aparecieron operaciones inmobiliarias, gastos, declaraciones juradas, facturas, consumos con tarjetas y otros movimientos realizados desde el ingreso de Adorni a la función pública.

En agosto, Pollicita formalizó el requerimiento de justificación patrimonial y presentó 20 preguntas concretas que Adorni debía responder. Ese pedido constituyó una nueva etapa de la investigación, luego del análisis técnico realizado sobre sus bienes y movimientos económicos.

La pesquisa abarca también a su esposa, Bettina Angeletti, debido a que parte de los gastos, operaciones y bienes analizados fueron realizados de manera conjunta o quedaron registrados a su nombre.

Uno de los aspectos examinados fueron además los consumos realizados durante el período en el que Adorni ocupó cargos de alta responsabilidad en el Gobierno de Javier Milei. La investigación buscó establecer si los ingresos declarados resultaban suficientes para afrontar el nivel de gastos y las adquisiciones registradas.

EL ARGUMENTO SOBRE LOS BITCOINS

La explicación vinculada al Bitcoin se convirtió en uno de los puntos centrales del descargo porque apunta a justificar la existencia de una importante cantidad de dólares en efectivo que, según la defensa, habían sido acumulados antes de la llegada de Adorni al Gobierno.

El escrito sostiene que las operaciones comenzaron años antes de que existieran varias de las plataformas de criptomonedas que actualmente funcionan en el país. También argumenta que las billeteras utilizadas en aquel momento no requerían necesariamente mecanismos de identificación como los utilizados posteriormente por los exchanges regulados.

Sin embargo, la existencia de una billetera o el acceso a sus claves no determina por sí solo cuándo ni quién adquirió originalmente los fondos, por lo que será la Justicia la que deberá valorar la documentación técnica, contable y el resto de las pruebas aportadas para determinar si la explicación resulta suficiente. La defensa sostiene que las pruebas acompañadas permiten reconstruir el origen de esos fondos.

El caso adquiere además una dimensión particular porque los investigadores deben analizar la correspondencia entre los fondos que Adorni afirma haber acumulado antes de ser funcionario y los gastos realizados posteriormente. La cuestión central para la causa no es únicamente cuánto dinero declara haber tenido, sino si puede acreditarse de manera suficiente el origen y la disponibilidad de esos recursos durante el período investigado.

QUÉ PUEDE PASAR AHORA

Con la presentación de las 77 páginas, la causa entra en una nueva etapa. El fiscal Pollicita deberá analizar las respuestas y la documentación aportada, mientras que el juez Lijo tendrá que intervenir en caso de que se soliciten nuevas medidas o una eventual indagatoria.

La presentación de Adorni no implica el cierre de la investigación ni determina por sí misma que las explicaciones hayan sido aceptadas por la Justicia. Del mismo modo, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito no equivale a una condena: hasta el momento se trata de una causa en trámite en la que la Justicia debe determinar si los movimientos patrimoniales cuestionados cuentan con una explicación respaldada por pruebas.

La defensa busca demostrar que no existió un incremento patrimonial injustificado y que los fondos utilizados para las compras, remodelaciones y demás gastos tenían un origen anterior a la incorporación de Adorni al Gobierno. Ahora será la Justicia la que deberá contrastar esa versión con los informes técnicos, registros financieros, documentación inmobiliaria, declaraciones juradas y demás elementos incorporados al expediente.

Adorni dejó el cargo de jefe de Gabinete el 27 de junio de 2026, luego de haber ocupado anteriormente la Secretaría de Comunicación y Cultura y de haberse convertido en uno de los principales voceros del Gobierno de Milei. Su salida se produjo en medio de la investigación sobre su patrimonio, que continuó después de su salida de la Casa Rosada.

La presentación judicial realizada ahora busca responder el cuestionario que había quedado pendiente y establecer, desde la perspectiva de la defensa, una explicación integral sobre el patrimonio del exfuncionario. El próximo paso dependerá del análisis que haga la Fiscalía sobre las respuestas y de si considera que las pruebas aportadas alcanzan para cerrar las dudas planteadas o justifican nuevas medidas en el expediente.