EL SENADO DIO MEDIA SANCIÓN A LA REFORMA DE LA LEY DE BIOCOMBUSTIBLES: SUBEN LOS CORTES Y CAMBIA EL ESQUEMA DEL MERCADO

La Cámara alta aprobó por 41 votos contra 25 el proyecto que eleva el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel del 7,5% al 10%. La iniciativa incorpora un esquema de transición para las pymes no integradas, habilita una mayor competencia entre productores y deberá ser analizada ahora por Diputados.

El Senado de la Nación dio media sanción este jueves al proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles en la Argentina. La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor y 25 en contra, sin abstenciones, y ahora deberá continuar su recorrido en la Cámara de Diputados, donde se definirá si finalmente se convierte en ley.

El proyecto modifica de manera integral el régimen vigente y propone cambios tanto en los porcentajes obligatorios de mezcla con combustibles fósiles como en la forma en que se distribuye el mercado entre las empresas productoras. El texto también plantea avanzar progresivamente hacia un esquema con mayor competencia y participación del mercado, aunque mantiene durante un período de transición mecanismos destinados a proteger a determinados productores.

Uno de los cambios más importantes está relacionado con los cortes obligatorios. El bioetanol pasaría del actual 12% al 15% de las naftas, mientras que el biodiésel aumentaría del 7,5% al 10% del gasoil. Los nuevos porcentajes comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la norma.

El aumento no será inmediato ni modificará de la misma manera a todos los sectores de la industria. El proyecto establece diferentes mecanismos para distribuir los volúmenes entre productores y fija un período de transición que, en el caso del biodiésel, se extenderá hasta 2036.

Uno de los puntos centrales del debate parlamentario estuvo justamente en la situación de las pequeñas y medianas empresas que producen biodiésel y que no forman parte de grandes grupos empresarios integrados verticalmente. Estas compañías reclamaban mantener una participación significativa del mercado frente a la posibilidad de que las grandes empresas aceiteras pudieran ampliar su presencia.

El texto finalmente aprobado establece una participación reservada para las empresas no integradas que irá disminuyendo de manera progresiva. Cuando el corte obligatorio alcance el 10%, estas compañías tendrán inicialmente reservado el 6,5% del mercado. El porcentaje bajará al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y quedará en el 4% entre 2031 y 2036.

El esquema busca generar una transición gradual hacia un mercado con mayor competencia. La negociación de último momento permitió elevar del 3% al 4% el piso reservado a las empresas no integradas durante el tramo final, una modificación destinada a acercar posiciones con las pymes del sector.

En paralelo, una parte cada vez mayor del mercado quedará abierta a la participación tanto de empresas integradas como no integradas. De esta manera, el proyecto establece una apertura progresiva que no elimina de un día para otro la participación que actualmente tienen las plantas regionales.

La senadora Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles y una de las principales impulsoras del proyecto, defendió durante el debate la necesidad de combinar un incremento de los cortes con un período de transición. La legisladora sostuvo que el objetivo es preservar las capacidades productivas existentes y, al mismo tiempo, avanzar hacia un sistema más competitivo y abierto a nuevas tecnologías.

En el caso del bioetanol, el proyecto establece que el corte obligatorio del 15% mantendrá una distribución de seis puntos porcentuales para el producto elaborado a partir de caña de azúcar y otros seis puntos para el producido con maíz. Los tres puntos restantes quedarán abiertos a la competencia entre los productos habilitados.

La modificación tiene particular importancia para las provincias del norte argentino, donde la producción de bioetanol a partir de caña de azúcar constituye una actividad vinculada a las economías regionales. Tucumán, Salta y Jujuy concentran una parte importante de esta producción, mientras que el bioetanol de maíz tiene una fuerte presencia en las provincias agrícolas del centro del país.

El nuevo régimen también contempla que las provincias puedan promover cortes superiores a los mínimos nacionales, una herramienta que permitiría ampliar el uso de biocombustibles en determinados mercados regionales.

Otro de los cambios previstos es la modificación de la forma en que se comercializarán los biocombustibles. El proyecto plantea avanzar hacia un mercado electrónico, con mecanismos destinados a transparentar las operaciones y permitir una mayor participación de distintos actores.

La iniciativa también busca modificar el esquema de determinación de precios. El nuevo modelo apunta a abandonar parte de la intervención directa que caracteriza al régimen vigente y avanzar hacia mecanismos de referencia y competencia entre productores.

El objetivo declarado por los impulsores es que el sector pueda contar con reglas de mayor previsibilidad para las inversiones y, al mismo tiempo, incorporar nuevas tecnologías y productos vinculados a la transición energética.

Entre las actividades alcanzadas por el nuevo marco aparecen la elaboración, almacenamiento, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles. La autoridad de aplicación continuará siendo la Secretaría de Energía, aunque el proyecto modifica las facultades y mecanismos mediante los cuales se regula la actividad.

La discusión también estuvo atravesada por las diferencias entre los distintos sectores de la industria. Mientras las empresas integradas, vinculadas principalmente a grandes grupos agroindustriales, plantean la necesidad de ampliar la competencia y aprovechar la capacidad instalada, las pymes no integradas advierten sobre las dificultades que podrían enfrentar si deben competir directamente con compañías de mayor escala.

El debate llegó al recinto después de varias semanas de negociaciones. Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda habían unificado distintos proyectos presentados por senadores de diferentes bloques y provincias. En total, se analizaron siete iniciativas antes de avanzar con un texto común.

Durante el proceso parlamentario también se produjeron reclamos de entidades agroindustriales que pidieron avanzar con la reforma. Un grupo de organizaciones vinculadas al campo, la industria aceitera, la producción azucarera y el sector de biocombustibles había solicitado al Senado el tratamiento del nuevo marco regulatorio y destacó especialmente el aumento de los cortes, el desarrollo de las economías regionales y las posibilidades de inversión.

El Gobierno y los sectores que respaldaron la iniciativa sostienen que un mayor uso de biocombustibles puede favorecer la agregación de valor de materias primas nacionales, generar actividad en las economías regionales y contribuir a reducir las emisiones asociadas al transporte. También destacan las posibilidades de desarrollo tecnológico y la eventual expansión hacia nuevos combustibles, como los destinados al transporte marítimo o la aviación.

Del otro lado, las principales objeciones estuvieron vinculadas con la distribución del mercado entre grandes empresas y pymes. Durante el debate, sectores opositores cuestionaron que la apertura de la competencia pueda afectar a plantas regionales que actualmente dependen de los cupos establecidos por el Estado para garantizar su participación.

La cuestión de los biocombustibles tiene además un antecedente de varios años en la legislación argentina. El primer régimen específico de promoción y regulación fue establecido mediante la Ley 26.093, sancionada en 2006, que creó un marco para fomentar la producción y utilización sustentable de estos combustibles.

Posteriormente, la Ley 26.334 de 2007 estableció un régimen de promoción específico para la producción de bioetanol, mientras que la industria fue desarrollando capacidad a partir de materias primas como la caña de azúcar, el maíz y los aceites vegetales.

En 2021, el Congreso aprobó la Ley 27.640, que reemplazó los regímenes anteriores y estableció el marco regulatorio actualmente vigente. Esa norma fijó inicialmente un corte obligatorio de biodiésel del 5% y de bioetanol del 12%. Posteriormente, el Poder Ejecutivo elevó el corte de biodiésel al 7,5%, porcentaje que se mantiene actualmente.

La legislación vigente también estableció un régimen de abastecimiento en el que el Estado tiene un papel central en la asignación de los volúmenes destinados a cumplir con los cortes obligatorios. El nuevo proyecto propone modificar esa estructura y avanzar hacia una participación mayor de mecanismos de mercado.

La reforma, además, busca extender el horizonte regulatorio. El régimen actual de la Ley 27.640 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, con la posibilidad de una única extensión por cinco años. El nuevo proyecto plantea un esquema de mayor duración y una transición que, particularmente en biodiésel, llega hasta 2036.

El incremento de los cortes tendrá impacto directo en la composición de los combustibles comercializados en las estaciones de servicio si la iniciativa finalmente es aprobada por Diputados. La nafta incorporaría una mayor proporción de bioetanol, mientras que el gasoil tendría una participación superior de biodiésel.

El efecto sobre los precios finales, sin embargo, no puede determinarse únicamente a partir del porcentaje de mezcla. También dependerá de la evolución de los precios de las materias primas, los costos de producción, la logística, los mecanismos de comercialización y las condiciones generales del mercado de combustibles.

Con la media sanción obtenida en el Senado, la reforma de la Ley de Biocombustibles quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados. Allí volverán a discutirse tanto el aumento de los cortes como el esquema de transición para las pymes y el nuevo sistema de comercialización.

Si el proyecto logra convertirse en ley, implicará la modificación más importante del marco regulatorio de los biocombustibles desde la sanción de la Ley 27.640 en 2021 y abrirá una nueva etapa para una industria que tiene un fuerte vínculo con la producción agroindustrial, las economías regionales y la política energética del país.