CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL: CÓMO FUNCIONARÁ Y QUIÉNES INTEGRARÁN EL NUEVO ÓRGANO QUE PROPONE EL GOBIERNO POR MALVINAS

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso propone crear un Sistema de Seguridad Nacional cuyo órgano rector será un Consejo presidido por el Presidente e integrado de manera permanente por funcionarios de áreas clave. El organismo tendría atribuciones sobre defensa, inteligencia, política exterior, economía, infraestructura crítica y respuesta ante amenazas externas.

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que toma como punto de partida la disputa por las Islas Malvinas, pero que plantea modificaciones que exceden específicamente a la cuestión territorial. Entre sus principales novedades se encuentra la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, cuyo órgano rector sería un nuevo Consejo de Seguridad Nacional.

La propuesta ingresó a la Cámara de Diputados el jueves 17 de septiembre y contempla 133 artículos, con cambios en materia de seguridad, defensa, inteligencia, protección de infraestructuras críticas, recursos naturales y herramientas frente a amenazas externas. El proyecto deberá ser analizado por el Congreso y su contenido todavía puede ser modificado durante el debate parlamentario.

La creación del Consejo aparece vinculada a una idea central del Gobierno: que distintas áreas del Estado que actualmente funcionan de manera separada puedan coordinar sus políticas bajo una estrategia común de Seguridad Nacional. El texto propone integrar en ese esquema las funciones diplomáticas, económicas, jurídicas, de defensa, inteligencia y ciberseguridad, además de la protección de infraestructuras consideradas críticas.

QUIÉNES INTEGRARÍAN EL CONSEJO

De acuerdo con el proyecto, el Presidente de la Nación será quien ejerza la conducción política del Sistema de Seguridad Nacional y presida el Consejo, en su carácter de jefe supremo de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

La composición permanente prevista incluye al jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el ministro de Defensa, el ministro de Economía, el secretario de Inteligencia de Estado (SIDE) y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

El proyecto también contempla la participación de miembros no permanentes, que podrán ser convocados a reuniones extraordinarias cuando los temas tratados requieran conocimientos técnicos o una intervención específica de otros funcionarios u organismos.

Todos los integrantes quedarían alcanzados por el régimen de secreto y confidencialidad establecido para el personal de inteligencia en la Ley 25.520, de acuerdo con el texto difundido sobre la iniciativa.

UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD QUE ALCANZARÍA A TODO EL ESTADO

Una de las principales funciones del nuevo organismo sería elaborar y elevar al Poder Ejecutivo la Política de Seguridad Nacional, que tendría carácter transversal y debería ser observada por las distintas áreas del Estado.

A partir de esos lineamientos, el proyecto establece que Defensa, Economía, Cancillería y la SIDE deberán desarrollar políticas sectoriales específicas. La Política de Defensa Nacional, la Política Económica de Seguridad Nacional, la Política Diplomática de Seguridad Nacional y la Política de Inteligencia Nacional quedarían sujetas a los lineamientos generales establecidos por el Consejo.

El organismo también tendría facultades para requerir información y asistencia a cualquier dependencia del Sector Público Nacional. Además, el proyecto contempla que pueda solicitar cooperación a provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando resulte necesario para el cumplimiento de sus funciones.

De esta manera, la iniciativa plantea una estructura en la que la seguridad nacional deja de estar circunscripta exclusivamente a las áreas de Defensa o Seguridad y pasa a incorporar dimensiones económicas, diplomáticas, tecnológicas, jurídicas y de inteligencia.

INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS Y AMENAZAS EN EL ESPACIO AÉREO Y MARÍTIMO

Otro de los ejes del Consejo será la protección de las denominadas Infraestructuras Críticas. El proyecto las define como redes, sistemas o estructuras indispensables para el funcionamiento de servicios esenciales, la salud, la economía, la defensa y las instituciones del Estado.

El Consejo deberá elaborar una estrategia y un plan nacional destinados a identificar y proteger esas infraestructuras, incluyendo aquellas consideradas de interés nacional y otras de carácter binacional o plurinacional.

La iniciativa también le asigna al organismo un papel de asesoramiento frente a situaciones consideradas amenazantes en espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres.

En ese marco, el proyecto contempla procedimientos frente a aeronaves o embarcaciones consideradas irregulares u hostiles, con distintas etapas de intervención que pueden incluir la identificación, interceptación y otras medidas de carácter coercitivo. En determinados supuestos, la propuesta contempla incluso autorizaciones para la inutilización o el hundimiento de determinados vectores o buques.

SANCIONES Y MEDIDAS ECONÓMICAS ANTE AMENAZAS

El proyecto también le otorga al Consejo funciones como autoridad de aplicación para investigar y sancionar determinadas infracciones administrativas cometidas por Estados extranjeros o entidades privadas cuando, de acuerdo con los supuestos previstos por la norma, afecten la integridad territorial, interfieran en procesos decisorios nacionales o dañen infraestructuras críticas.

Las multas previstas van desde 30.000 hasta 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). También se contempla la posibilidad de revocar habilitaciones o disponer inhabilitaciones comerciales para los infractores.

Una de las herramientas más relevantes aparece ante situaciones calificadas como de riesgo grave e inminente para la Seguridad Nacional. En esos casos, el proyecto habilita al Consejo a disponer medidas urgentes, incluso antes de que finalice un procedimiento administrativo sancionatorio.

Entre las medidas previstas aparecen la inmovilización o bloqueo temporal de fondos y activos, restricciones sobre operaciones cambiarias y transferencias financieras, limitaciones a importaciones y exportaciones, suspensión de permisos, licencias y contrataciones con el Estado, y restricciones para acceder a determinados créditos, subsidios o beneficios fiscales.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de incrementar temporalmente los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado, con un tope de hasta el 75%.

EL VÍNCULO CON EL RECLAMO POR MALVINAS

Aunque el Consejo de Seguridad Nacional abarcaría cuestiones que van mucho más allá del Atlántico Sur, su creación forma parte del paquete de medidas impulsado por el Gobierno a partir del conflicto generado por la explotación de recursos naturales en las áreas que la Argentina considera parte de su territorio.

El Ejecutivo anunció el proyecto el 3 de septiembre, luego de cuestionar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, vinculado a empresas que desarrollan actividades en aguas próximas a las Islas Malvinas sin autorización argentina.

En ese contexto, el Gobierno también dictó el Decreto 868/2026, mediante el cual modificó procedimientos vinculados con la aplicación de la Ley 26.659, que establece restricciones para actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin autorización nacional. El decreto designó al Ministerio de Relaciones Exteriores como autoridad de aplicación y estableció mecanismos para acelerar la detección y tramitación de posibles infracciones.

La Casa Rosada sostiene que el nuevo proyecto busca reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, sancionada en 2011, por un esquema con sanciones más severas y mayores herramientas para actuar contra personas y empresas que, según la legislación argentina, exploten recursos naturales sin autorización.

El proyecto amplía además el universo de actividades alcanzadas. Ya no se limita exclusivamente a los hidrocarburos, sino que incorpora otros recursos naturales y establece responsabilidades que pueden alcanzar a empresas, accionistas, proveedores y otras personas vinculadas con las actividades consideradas ilegales por el Estado argentino.

LA BASE NAVAL Y LA NUEVA ESTRATEGIA PARA EL ATLÁNTICO SUR

El proyecto forma parte de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno durante septiembre en relación con la cuestión Malvinas.

El Ejecutivo también ordenó priorizar dentro del Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos para la Seguridad Nacional. La decisión fue comunicada el 7 de septiembre, junto con las acciones judiciales impulsadas contra empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en las islas.

La estrategia oficial combina así herramientas diplomáticas, judiciales, económicas, militares y legislativas. El Gobierno sostiene que el objetivo es aumentar la capacidad del Estado para defender sus recursos y sus intereses soberanos.

UN CONFLICTO CON MÁS DE 190 AÑOS DE HISTORIA

El reclamo argentino por las Islas Malvinas tiene sus antecedentes en el proceso de formación del Estado nacional. El Reino Unido tomó control de las islas en 1833, desplazó a las autoridades argentinas y desde entonces ambos países mantienen una disputa de soberanía.

La cuestión fue llevada al ámbito de las Naciones Unidas. En 1965, la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llamó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica, tomando en consideración los intereses de los habitantes de las islas.

La Argentina incorporó posteriormente su reivindicación territorial a la Constitución Nacional. La disposición transitoria primera establece que el país ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, y define la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía como un objetivo permanente e irrenunciable.

El conflicto alcanzó su punto militar más grave en 1982, cuando la Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra por el control del archipiélago. El conflicto terminó con la rendición argentina el 14 de junio de ese año y dejó cientos de muertos de ambos países.

La vía diplomática volvió a adquirir centralidad después de la guerra y los dos países restablecieron relaciones diplomáticas en 1989.

En los últimos años, Naciones Unidas continuó reclamando una solución negociada. En 2025, el Comité Especial de Descolonización volvió a pedir a la Argentina y al Reino Unido que retomaran las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

UN DEBATE QUE AHORA PASA POR EL CONGRESO

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional ingresó a Diputados con el reclamo por Malvinas como eje político, pero su alcance es considerablemente más amplio. Además del Consejo de Seguridad Nacional, contempla modificaciones al régimen de Defensa, herramientas para la protección de espacios soberanos, nuevas disposiciones frente a la influencia extranjera y un régimen más severo para quienes desarrollen actividades vinculadas con recursos naturales sin autorización argentina.

La iniciativa será discutida en el Congreso y, según las previsiones iniciales, el tratamiento involucrará a las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Culto, y Presupuesto y Hacienda. El debate parlamentario deberá determinar qué partes del proyecto avanzan, cuáles son modificadas y qué controles institucionales quedarán establecidos en caso de que finalmente se convierta en ley.

Así, lo que comenzó como una respuesta del Gobierno al avance de proyectos de explotación de recursos en las aguas que la Argentina reivindica como propias derivó en una iniciativa de alcance mucho mayor. El Consejo de Seguridad Nacional quedaría en el centro de esa nueva arquitectura, con el Presidente al frente y con participación permanente de las áreas de Cancillería, Defensa, Economía, Inteligencia y Legal y Técnica.

El contenido definitivo, sin embargo, dependerá del tratamiento que el Congreso le dé al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.