DISCAPACIDAD: ACUERDO ENTRE PRIVADOS

El Gobierno quiere derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y otros puntos esenciales del sistema de prestaciones en el Presupuesto 2027.
La propuesta abarca la derogación de varios artículos de la Ley, y otros aspectos históricos del régimen que está vigente desde hace 30 años.
La reforma apunta a empeorar las prestaciones en todas sus escalas y hará al sistema profundamente más desigual e injusto.
Punto 1: El Nomenclador de Prestaciones Básicas, ya no incluirá valores universales. Es decir que no habrá aranceles comunes. Por dar un ejemplo, las obras sociales, prepagas o el propio Estado no pagarán a las y los terapeutas (psicología, psicomotricidad, psicopedagogía, etc.) los valores de los aranceles de manera estipulada bajo criterios estándares acordados previamente en nomenclador. Cada una de las empresas de salud pagarán lo que quieran pagar. Los profesionales perderán el derecho colectivo a esquematizar sus ingresos. Quedan a merced de negociar de manera individual en situación de profunda desigualdad. Las actualizaciones dejarán de ser automáticas y mensuales, como define la regulación vigente.
La misma suerte correrán las personas con discapacidad y sus familias, ya que deberán negociar cuáles serán los tratamientos que la empresa, o el Estado decidirá cubrir o no.
Quién lo explicó de manera clara y sencilla fue la actriz Valentina Bassi en declaraciones a radio Con Vos: “Es letal la desregulación del nomenclador único, en la escuela especial a la que asiste mi hijo, conviven familias con obras sociales pequeñas y otras con prepagas carísimas, porque todas están obligadas a pagar lo mismo. Desregulando eso cada persona va a tener que arreglar con su obra social, tipo paritarias, el costo de los tratamientos”, lamentó la actriz, madre de un niño adolescente con autismo.
La eliminación del nomenclador desarmará la eficacia y el sentido profesional de los tratamientos. Los profesionales verán hiperprecarizado su trabajo y esto indefectiblemente repercutirá negativamente en los resultados de las terapias. Muchos de los profesionales más destacados (al igual que sucede en el sistema científico) buscarán otros caminos laborales. Estos lugares serán ocupados por trabajadores de formación escasa que necesitados de trabajar (en un contexto de creciente desocupación laboral) abordarán problemáticas para la que no están preparados.

Punto 2: El Gobierno de Milei propone volver al esquema de pensión por invalidez. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) pierde sentido. No será garantía de acceso a las prestaciones.
Por otro lado, con el simple hecho de tener un empleo registrado ya no podrá acceder al beneficio. Esto no solamente es un perjuicio económico para la persona en cuestión, sino que rompe el entramado social que apunta a la inclusión e integración entre empleado y empleador.
Una vez eliminado por ley el Certificado Único de Discapacidad (CUD) el otorgamiento de pensiones queda librado a la discrecionalidad de reglamentación del Poder Ejecutivo.
Punto 3: El proyecto también pretende derogar el artículo 8 de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que asegura la cobertura médica obligatoria para quienes posean pensiones no contributivas.
El ensañamiento del Gobierno con los sectores más débiles de la sociedad es cada vez más descarado e inentendible. Milei parece tener algo personal en contra de las y los discapacitados. Romper lo que está bien y no hacer nada con lo que está mal es el punto fuerte de este Gobierno. En el presente desconoce e incumple en su mayoría la Ley en cuestión. No le alcanza con vetarla y desoír a la Justicia. El Congreso de la Nación tiene la pelota por estas horas cuando se debate la prórroga de la actual Ley. Continuará teniéndola al convalidar o no la Ley de Leyes 2027, motosierra incluida.
En esos temas se encuentra la Argentina de Milei. Debatirse entre ser el peor de los villanos o el mayor de los hijos de puta.

Puede seguirnos y compartir nuestro contenido en las redes: