LA JUSTICIA BONAERENSE PUSO UN FRENO AL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE AYSA Y ENVIÓ LA CAUSA AL FUERO FEDERAL

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar que impide a AySA reducir, modificar o limitar sus obligaciones vinculadas con el servicio de agua potable y cloacas en el AMBA. La causa, iniciada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, continuará ahora en la Justicia federal. La resolución se conoció a pocos días del vencimiento del plazo para presentar ofertas por el 90% de las acciones de la empresa.

El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sumó un nuevo capítulo judicial. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar que limita los cambios que la empresa puede realizar sobre las condiciones de prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Al mismo tiempo, los jueces resolvieron que la causa deberá continuar su trámite ante la Justicia federal. La decisión se produjo en medio del proceso impulsado por el Gobierno de Javier Milei para transferir al sector privado la participación accionaria que actualmente posee el Estado nacional en AySA.

La resolución fue firmada por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez y confirmó en todos sus términos la decisión que había adoptado previamente el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata.

El tribunal estableció que AySA deberá abstenerse de realizar actos que impliquen modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones relacionadas con el acceso al agua potable, la salud pública, la protección del ambiente y la prestación adecuada del servicio mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La medida alcanza a los servicios que la empresa presta en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios bonaerenses que integran su área de concesión. El planteo judicial había sido promovido por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien cuestionó las condiciones establecidas en el nuevo contrato de concesión firmado en mayo de 2026.

EL RECLAMO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

La presentación judicial de Lorenzino apuntó contra distintos aspectos del nuevo esquema de concesión y advirtió que algunas de sus disposiciones podían implicar una reducción de los estándares vigentes en materia ambiental, sanitaria y de protección de los usuarios.

La discusión adquirió especial importancia porque el contrato cuestionado forma parte del proceso mediante el cual el Gobierno nacional pretende modificar el esquema de gestión de AySA antes de avanzar con la transferencia de la compañía al sector privado.

La Justicia de primera instancia había considerado que existía un riesgo suficiente para mantener las condiciones actuales del servicio hasta analizar en profundidad el planteo. Por eso ordenó a AySA abstenerse de adoptar medidas que pudieran significar un retroceso en sus obligaciones.

La empresa apeló esa resolución. Sin embargo, la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata rechazó el planteo de AySA y mantuvo vigente la cautelar.

Uno de los argumentos centrales utilizados por los magistrados fue la necesidad de proteger el derecho humano al agua y aplicar los principios preventivo y precautorio en materia ambiental.

El tribunal también recurrió a la doctrina conocida como “in dubio pro natura”, utilizada por la Corte Suprema de Justicia, que establece que frente a una duda respecto del impacto ambiental de una determinada medida debe optarse por aquella alternativa que resulte menos perjudicial para el ambiente.

Para los jueces, un eventual deterioro de las garantías vinculadas con la prestación de un servicio esencial podría generar daños de muy difícil o imposible reparación posterior. Esa consideración fue utilizada para justificar el mantenimiento de la medida cautelar mientras continúa la discusión judicial.

POR QUÉ LA CAUSA PASA A LA JUSTICIA FEDERAL

Además de confirmar la cautelar, la Cámara resolvió que el expediente deberá continuar en el fuero federal.

El Defensor del Pueblo había cuestionado esta decisión y pretendía que la causa permaneciera en la Justicia bonaerense. La Cámara, sin embargo, confirmó el traslado.

Según los fundamentos del tribunal, la cuestión requiere interpretar y aplicar el marco regulatorio nacional que rige la prestación del servicio, mientras que AySA posee una participación estatal nacional del 90% de su capital social.

El 10% restante pertenece a los trabajadores de la compañía a través del Programa de Propiedad Participada.

Por lo tanto, la discusión sobre el fondo del conflicto deberá continuar ahora ante la Justicia federal. El juzgado federal que tendrá a su cargo el expediente todavía deberá ser determinado mediante el correspondiente sorteo en la Cámara Federal de La Plata.

EL FALLO NO ANULA LA PRIVATIZACIÓN

Un punto importante de la resolución es que la Cámara no declaró la nulidad de la privatización de AySA ni eliminó el procedimiento de venta de las acciones estatales.

La decisión judicial tiene un alcance cautelar. En concreto, impide que mientras se desarrolla el proceso judicial puedan implementarse modificaciones que reduzcan las obligaciones actuales de la empresa en relación con la prestación del servicio.

Por eso, el proceso de privatización continúa formalmente vigente, aunque enfrenta ahora un obstáculo judicial en uno de sus aspectos centrales: el nuevo contrato de concesión sobre el que se pretende estructurar el funcionamiento futuro de la empresa.

La discusión de fondo quedó así trasladada al fuero federal.

EL GOBIERNO AVANZA CON LA VENTA DEL 90% DE AYSA

El conflicto judicial se produce mientras el Gobierno nacional continúa con el proceso para desprenderse de la participación estatal en AySA.

La Ley de Bases 27.742 incluyó a la empresa entre las sociedades sujetas a privatización. Posteriormente, mediante el Decreto 494/2025, el Poder Ejecutivo autorizó el procedimiento para vender la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado nacional, que representan el 90% del capital social.

El esquema diseñado por el Gobierno establece que, como primera etapa, al menos el 51% del paquete accionario debe ser vendido a un operador estratégico mediante una licitación pública nacional e internacional. El eventual remanente de las acciones estatales que no sea transferido mediante ese procedimiento podrá ser vendido posteriormente en bolsas y mercados del país.

El Ministerio de Economía formalizó en mayo de 2026 el llamado a la licitación pública para la venta del 90% de las acciones de AySA. La convocatoria se realiza sin una base mínima de precio.

En agosto, además, el ministro de Economía, Luis Caputo, modificó los plazos del proceso mediante la Resolución 1386/2026 con el objetivo declarado de promover una mayor participación y garantizar los principios de concurrencia, competencia, publicidad y transparencia.

El plazo para la presentación de propuestas fue extendido hasta el 15 de septiembre de 2026, mientras que el Gobierno espera obtener alrededor de US$450 millones por la operación.

AYSA Y LA HISTORIA DEL SERVICIO DE AGUA EN EL AMBA

AySA fue creada en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, luego de la salida de Aguas Argentinas, empresa que había estado a cargo de la concesión del servicio desde 1993.

La compañía estatal fue constituida mediante el Decreto 304/2006, posteriormente ratificado por la Ley 26.100, para hacerse cargo de la provisión de agua potable y los servicios de desagües cloacales que hasta entonces estaban bajo responsabilidad de Aguas Argentinas.

La historia del servicio, sin embargo, se remonta a la privatización realizada durante la década de 1990. En 1993, el gobierno de Carlos Menem otorgó la concesión de los servicios de agua y cloacas del área metropolitana a Aguas Argentinas, un consorcio encabezado por la empresa francesa Suez.

La concesión terminó siendo rescindida en 2006, luego de años de conflictos relacionados con las inversiones, la calidad de las prestaciones, los incumplimientos contractuales y la situación económica de la concesionaria. El Estado recuperó entonces el control del servicio mediante la creación de AySA.

Desde ese momento, la empresa quedó bajo control estatal y pasó a ser una de las principales compañías públicas vinculadas con los servicios esenciales del área metropolitana.

OTROS CUESTIONAMIENTOS AL PROCESO

La privatización también enfrenta cuestionamientos provenientes de otros sectores políticos y judiciales.

Uno de los casos más recientes fue el presentado por Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, quien cuestionó las condiciones establecidas en el pliego de la licitación y reclamó que la empresa bonaerense ABSA pudiera participar del proceso.

Gray manifestó preocupación por el nivel de inversiones previsto para la futura concesionaria y por las consecuencias que podría tener para los municipios que necesitan ampliar sus redes de agua potable y cloacas.

Entre los aspectos cuestionados también aparece el esquema previsto para determinadas obras y las condiciones bajo las cuales podría producirse la interrupción del servicio ante situaciones de mora de los usuarios.

Estos planteos se suman a la causa iniciada por Lorenzino y configuran un escenario de creciente judicialización alrededor del proceso de privatización.

UN FRENO JUDICIAL EN UN MOMENTO CLAVE

La decisión de la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata llega a pocos días del cierre del período para presentar ofertas por AySA, por lo que introduce una nueva incertidumbre sobre el proceso impulsado por el Gobierno.

La privatización no quedó anulada por el fallo, pero el futuro operador no podrá, mientras permanezca vigente la cautelar, implementar modificaciones que impliquen reducir las obligaciones actuales de AySA en materia de agua potable, saneamiento, salud pública y protección ambiental.

Ahora será la Justicia federal la que deberá analizar el fondo de la controversia, mientras el Poder Ejecutivo mantiene abierta la licitación para transferir al sector privado el 90% de las acciones de la compañía.

Así, la disputa por AySA dejó de ser exclusivamente económica o política y pasó a tener también un capítulo judicial de alcance nacional: el Gobierno busca avanzar con la privatización de una empresa que presta un servicio esencial, mientras la Justicia mantiene bajo protección cautelar las condiciones actuales de acceso al agua y saneamiento hasta determinar si el nuevo esquema respeta las obligaciones legales, ambientales y sanitarias vigentes.