COLOMBIA ENDURECE SU POLÍTICA MIGRATORIA Y ANUNCIA OPERATIVOS CONTRA MIGRANTES IRREGULARES

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a Migración Colombia y a la Policía comenzar esta semana operativos para identificar y deportar a extranjeros en situación migratoria irregular, con prioridad sobre quienes estén vinculados a delitos. La medida impacta especialmente a la comunidad venezolana, que constituye la mayoría de la población migrante del país y que hasta ahora había contado con una política de regularización considerada de referencia en la región.

El Gobierno de Colombia anunció un fuerte giro en su política migratoria. El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo a comienzos de agosto, ordenó el inicio de operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía para localizar a extranjeros que se encuentren en situación irregular y avanzar con procesos de deportación.

La decisión fue comunicada durante un consejo de seguridad realizado en Barranquilla. El mandatario indicó que los procedimientos comenzarán esta semana y estableció dos grupos prioritarios: en primer lugar, extranjeros involucrados en delitos y, posteriormente, aquellos que no hayan regularizado su situación migratoria.

“Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, sostuvo De la Espriella al presentar su nueva orientación migratoria. También afirmó que quienes se encuentren en el país en situación irregular y sean identificados en los operativos serán sometidos a procesos de deportación.

UNA MEDIDA QUE IMPACTA PRINCIPALMENTE A LOS VENEZOLANOS

Aunque la medida alcanza a extranjeros de distintas nacionalidades, su principal impacto se concentra sobre la comunidad venezolana. Según los datos citados por distintos medios a partir de registros oficiales, alrededor de 2,8 millones de venezolanos viven actualmente en Colombia, mientras que unos 848.000 se encontrarían en situación irregular. Dentro de este último grupo habría aproximadamente 193.000 niños, niñas y adolescentes.

La magnitud de la comunidad venezolana explica la dimensión política de la decisión. Colombia se convirtió durante la última década en uno de los principales destinos de las personas que abandonaron Venezuela como consecuencia de la crisis económica, social y política que atraviesa ese país.

El anuncio generó preocupación particularmente en las zonas fronterizas, donde existe una importante población venezolana asentada desde hace años. Analistas consultados por medios colombianos advirtieron que una política migratoria más estricta podría afectar a personas que llevan largos períodos viviendo, trabajando y formando familias en Colombia.

EL GIRO RESPECTO DE LA POLÍTICA MIGRATORIA ANTERIOR

La decisión representa un cambio significativo respecto de la política que Colombia había desarrollado durante los últimos años. En 2021, durante la administración de Iván Duque, el país creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, un mecanismo destinado a registrar y regularizar a esta población.

El Decreto 216 de 2021 estableció un régimen temporal de protección compuesto por el Registro Único de Migrantes Venezolanos y el Permiso por Protección Temporal. El estatuto fue diseñado con una vigencia de diez años y permitió incluir incluso a venezolanos que se encontraban en Colombia de manera irregular al 31 de enero de 2021.

El Permiso por Protección Temporal fue concebido como un mecanismo de regularización migratoria y documento de identificación, que permite a sus titulares permanecer legalmente en Colombia y desarrollar actividades laborales durante su vigencia.

La propia Cancillería colombiana presentó entonces el programa como una herramienta para facilitar el acceso de los migrantes venezolanos al trabajo, la educación, la salud, los servicios sociales y la inclusión económica.

ACNUR sostiene actualmente que Colombia ha acogido a más de 2,8 millones de personas provenientes de Venezuela y continúa trabajando junto con el Estado colombiano en mecanismos de regularización, protección e integración socioeconómica.

EL DEBATE SOBRE MIGRACIÓN Y DELINCUENCIA

Uno de los principales puntos de discusión alrededor del anuncio presidencial es la asociación entre migración irregular y criminalidad.

De la Espriella estableció que los extranjeros involucrados en delitos serán el primer objetivo de los operativos. Sin embargo, especialistas y organizaciones vinculadas con la población migrante cuestionaron que la irregularidad migratoria sea presentada como equivalente a la comisión de delitos.

El investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez, consideró que el anuncio supone un cambio de paradigma respecto de las políticas implementadas por los gobiernos colombianos anteriores y advirtió sobre los riesgos de estigmatizar a toda la población migrante por su situación administrativa.

En la misma línea, organizaciones y sectores de la oposición colombiana manifestaron preocupación por el posible impacto de la medida sobre los derechos de los migrantes y alertaron sobre el riesgo de que el discurso oficial contribuya a aumentar la xenofobia.

EL CONTEXTO POLÍTICO DEL NUEVO GOBIERNO

La decisión se produce apenas semanas después de la llegada de De la Espriella a la Presidencia. El mandatario, identificado con la derecha radical, asumió el 7 de agosto y rápidamente comenzó a imprimir un perfil más restrictivo en materia de seguridad y migración.

Su discurso migratorio coincide con una tendencia que también se observa en otros gobiernos de derecha de la región y con la política impulsada por Donald Trump en Estados Unidos, basada en controles migratorios más estrictos y deportaciones de personas que permanecen en los países sin autorización legal.

La nueva orientación también llega en un momento especialmente complejo para Colombia. El país todavía atraviesa las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, que provocó cientos de muertos, miles de heridos y graves daños materiales.

UNA POLÍTICA QUE PUEDE CAMBIAR EL MODELO COLOMBIANO

Durante años, Colombia fue presentada como uno de los principales ejemplos regionales de regularización e integración de la población venezolana. La creación del Estatuto Temporal de Protección en 2021 buscó precisamente evitar que cientos de miles de personas quedaran fuera del sistema migratorio formal.

Ahora, el Gobierno de De la Espriella plantea un modelo diferente, centrado en controles, identificación y deportaciones de extranjeros en situación irregular.

Los primeros operativos están previstos para esta semana y estarán coordinados entre Migración Colombia y las fuerzas de seguridad. El alcance efectivo de la nueva política, así como la cantidad de personas que serán sometidas a procesos de deportación, dependerá de la implementación de esos procedimientos y de las decisiones administrativas que adopten las autoridades migratorias.

El cambio ya generó preocupación entre las comunidades venezolanas y abrió un nuevo debate en Colombia: cómo garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas migratorias sin convertir la situación administrativa de una persona en una presunción de criminalidad.