POLÉMICA EN USHUAIA: EL GOBIERNO AUTORIZÓ EL AMARRE DE UN BUQUE PETROLERO BRITÁNICO EN EL PUERTO
25 agosto, 2026El buque tanque VS Promise, registrado bajo bandera de la Isla de Man, una dependencia de la Corona británica, amarró en el puerto de Ushuaia después de realizar operaciones de carga de crudo en la terminal de Río Cullen. La decisión fue cuestionada por el Gobierno de Tierra del Fuego, que reclamó explicaciones a la Nación y advirtió sobre una posible contradicción con la legislación provincial vinculada a la soberanía sobre las Islas Malvinas.
El ingreso del VS Promise al puerto de Ushuaia generó una nueva disputa entre el Gobierno nacional y la administración de Tierra del Fuego. La provincia expresó su «enérgico repudio» a la operación de la embarcación y apuntó contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), que actualmente tiene bajo su órbita la administración de la terminal portuaria.
La controversia tiene como uno de sus principales puntos la bandera del buque. El VS Promise es un petrolero dedicado al transporte de crudo y se encuentra registrado bajo bandera de la Isla de Man, dependencia de la Corona británica. La embarcación, de unos 228 metros de eslora y con capacidad para transportar más de 500.000 barriles de petróleo, llegó a Ushuaia luego de realizar operaciones vinculadas con la carga de hidrocarburos en la terminal de Río Cullen, ubicada en el norte de Tierra del Fuego.
El Gobierno provincial, encabezado por Gustavo Melella, cuestionó que una embarcación vinculada al Reino Unido haya podido operar en el puerto de la capital fueguina, especialmente en un contexto marcado por el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
«Resulta inadmisible», sostuvo la administración provincial al referirse a la operación, y reclamó conocer bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó el ingreso del buque. La provincia también exigió que se informe qué organismos intervinieron en la autorización y qué normativa fue considerada antes de permitir el amarre.
LA LEY GAUCHO RIVERO, EN EL CENTRO DE LA CONTROVERSIA
Uno de los elementos centrales de la discusión es la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, sancionada en Tierra del Fuego en agosto de 2011.
La normativa reafirma los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y establece restricciones para determinadas embarcaciones de bandera británica o de conveniencia. En particular, contempla la permanencia, el amarre, el abastecimiento y las operaciones logísticas de buques vinculados con actividades de exploración o explotación de recursos naturales en el área de las Islas Malvinas, además de buques militares.
Por eso, la presencia del VS Promise abrió un interrogante jurídico y político: la provincia reclama que se determine si la embarcación queda alcanzada por las restricciones de la Ley 852 y si esa legislación fue analizada antes de autorizar la operación.
La discusión no es nueva. La denominada Ley Gaucho Rivero ya había generado controversias en 2012, cuando Tierra del Fuego impidió el ingreso de determinados cruceros vinculados con banderas británicas o de conveniencia. Aquella decisión provocó un conflicto político y diplomático, además de cuestionamientos desde el sector turístico.
UN PUERTO INTERVENIDO POR LA NACIÓN
La polémica adquiere una dimensión adicional porque el Puerto de Ushuaia se encuentra intervenido por el Gobierno nacional desde enero de 2026.
La intervención fue dispuesta mediante la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, publicada en el Boletín Oficial el 22 de enero. La norma estableció la suspensión de la habilitación del puerto durante 12 meses, prorrogables mediante un acto fundado, y dispuso simultáneamente su intervención administrativa.
Según los fundamentos de la resolución, la medida estuvo relacionada con irregularidades financieras, observaciones detectadas durante inspecciones, problemas de infraestructura y cuestiones vinculadas con la seguridad operativa. La ANPyN sostuvo además que el puerto necesitaba una reorganización para garantizar condiciones adecuadas para sus trabajadores, pasajeros y operaciones.
La decisión nacional generó un conflicto institucional con Tierra del Fuego, que cuestionó la intervención y llevó el tema ante la Justicia. La resolución, mientras tanto, estableció que la intervención tendría a su cargo la gestión operativa, técnica y administrativa de la infraestructura portuaria durante un período de 12 meses.
La propia normativa nacional reconoce el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia por su ubicación en el Atlántico Sur y su cercanía con la Antártida, además de su importancia para el abastecimiento y las campañas científicas.
LA CONTRADICCIÓN QUE MARCA TIERRA DEL FUEGO
Para el Gobierno provincial, justamente allí aparece el principal punto de conflicto. La Nación intervino el puerto argumentando la necesidad de garantizar su funcionamiento y preservar un punto considerado estratégico para los intereses argentinos en el Atlántico Sur, pero ahora la administración nacional autorizó el amarre de un buque registrado bajo una bandera vinculada al Reino Unido.
La provincia considera que esta situación contradice el discurso de defensa de la soberanía utilizado para justificar la intervención de la terminal.
En su comunicado, Tierra del Fuego reclamó además que se avance con el cese de la intervención nacional y que se restituya la administración del puerto a la Provincia, mientras continúan las acciones judiciales impulsadas contra la medida.
UN NUEVO CAPÍTULO EN LA DISPUTA POR EL PUERTO DE USHUAIA
El episodio vuelve a colocar al Puerto de Ushuaia en el centro de una discusión que combina soberanía, recursos naturales, actividad hidrocarburífera y control de una infraestructura estratégica.
El conflicto también se produce en un momento de fuerte sensibilidad política alrededor de la relación entre Argentina y el Reino Unido por la cuestión Malvinas. Para las autoridades fueguinas, la autorización de la operación exige una explicación formal por parte del Gobierno nacional.
Hasta el momento, el principal reclamo provincial consiste en conocer quién autorizó el ingreso, qué controles se realizaron y qué fundamentos jurídicos permitieron el amarre del VS Promise. Un pedido de informes presentado por el diputado nacional Jorge «Koky» Araujo apunta precisamente a determinar esos aspectos y a establecer si la Ley Gaucho Rivero fue evaluada antes de habilitar la operación.
Mientras tanto, el VS Promise permanece como el protagonista de una controversia que excede la actividad portuaria: la presencia de un petrolero bajo bandera británica en Ushuaia reabrió el debate sobre quién toma las decisiones en uno de los puertos más estratégicos del extremo sur argentino y sobre cómo se aplica la legislación provincial vinculada con la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
