EL GOBIERNO PIDIÓ A LA JUSTICIA DE EE.UU. SUSPENDER LA BÚSQUEDA DE ACTIVOS EMBARGABLES EN EL JUICIO POR YPF

La Procuración del Tesoro elevó un pedido formal ante la jueza del Distrito Sur de Nueva York para frenar la etapa procesal denominada “discovery”, al considerar que los pedidos de información vulneran la soberanía argentina y exceden los límites del proceso judicial por la expropiación de la petrolera.

El Gobierno nacional presentó en las últimas horas un pedido formal ante la jueza Loretta Preska, que interviene en el litigio vinculado a YPF en los Estados Unidos, para solicitar la suspensión de la etapa de discovery, el proceso de búsqueda de activos embargables, y del pedido de desacato promovido por los demandantes en la causa.

Qué es el “discovery” y por qué importa

El discovery es una etapa procesal propia del sistema judicial estadounidense que permite a los beneficiarios de un fallo exigir documentación e información que facilite la identificación de activos embargables, es decir, bienes susceptibles de ser ejecutados para cumplir una sentencia. En este caso, ese mecanismo es clave porque, tras una condena millonaria por la expropiación de YPF, los demandantes buscan bienes del Estado argentino que puedan servir para saldar la deuda reconocida por la Justicia estadounidense.

Motivos del pedido argentino

En su presentación, la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) argumentó que muchos de los requerimientos hechos por las partes beneficiarias del fallo, incluido el fondo Burford Capital, uno de los principales litigantes, son intrusivos, desproporcionados y ajenos al objetivo original de la causa, lo que, según el escrito oficial, implica un hostigamiento sistemático contra Argentina como Estado soberano y afecta sus relaciones internacionales.

El Gobierno resaltó que, a diferencia de administraciones anteriores, la Argentina ha cumplido cabalmente con todas las obligaciones del discovery desde diciembre de 2023, aportando información en volumen sin precedentes. Sin embargo, sostuvo que los reclamos se han escalado hasta solicitudes que incluyen datos sensibles, como la ubicación de reservas de oro del Banco Central, un activo que, aseguran, está protegido por la inmunidad de ejecución y no puede ser embargado ni obligado a revelar su paradero.

Soberanía y consecuencias

En el documento dirigido a la jueza Preska, la PTN planteó que el uso excesivo del discovery no solo desvirtúa su propósito original, sino que también representa una forma de presión legal destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino y obstaculizar su recuperación económica. El escrito afirma que algunos demandantes incluso habrían expresado la intención de “poner arena en los engranajes” de esa recuperación.

Por su parte, el Gobierno afirmó que continuará defendiendo su postura en todas las instancias judiciales disponibles, tanto en el sistema estadounidense como en cualquier apelación o recurso que corresponda, con el fin de proteger la soberanía nacional y el Estado de Derecho, tal como lo establece la Constitución y los principios del derecho internacional.

Contexto del juicio y pasos siguientes

La controversia forma parte de un juicio que se remonta a la expropiación de YPF en 2012, cuando la petrolera pasó de control mayoritario privado a estatal bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El Estado argentino fue condenado en ese juicio a pagar una indemnización que supera los 16.000 millones de dólares, monto que el país rechazó y sobre el cual presentó apelaciones y recursos en cortes superiores.

Activistas y analistas legales han señalado que el caso ha tenido múltiples idas y vueltas, incluidas decisiones que en el pasado suspendieron temporalmente órdenes de entrega de acciones o embargos, y debates sobre si ciertas medidas deben ejecutarse mientras continúan las apelaciones sustantivas.

Ahora, con el pedido de suspensión del discovery, la defensa argentina busca frenar un componente clave del proceso de ejecución, en un intento por limitar los efectos prácticos del fallo y ganar tiempo para avanzar en su estrategia de defensa legal.