EL GOBIERNO ESTABLECIÓ NUEVO SALARIO MÍNIMO HASTA AGOSTO DE 2026

Sin acuerdo entre sindicatos y empresarios, el Ejecutivo definió por decreto aumentos mensuales del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) hasta agosto de 2026, luego de meses con el piso estancado. La medida también actualiza el cálculo del seguro de desempleo: ahora quedará atado al nuevo piso salarial.

Azul Spalletta/ El gobierno nacional dispuso este miércoles un nuevo esquema de actualización del SMVM, que se aplicará desde noviembre de 2025 hasta agosto de 2026. La decisión fue adoptada de forma unilateral tras el fracaso del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (CNEP-SMVM) para consensuar un monto.

Según lo anunciado oficialmente, el salario mínimo para agosto de 2026 será de $376.600, y el valor por hora para jornalizados subirá a $1.883.

La resolución, firmada por la subsecretaria de Relesaciones del Trabajo, Claudio Testa, también redefine cómo se calculará la prestación por desempleo: quedará directamente vinculada al SMVM, con un mínimo equivalente al 50% y un máximo al 100% del nuevo piso salarial.

El problema, según analistas y parte del arco sindical, es que aunque nominalmente el aumento representa un salto de casi el 17 % respecto del último valor vigente, el nuevo SMVM queda aún muy por debajo de lo que se necesita para cubrir la canasta básica de bienes y servicios de una familia tipo.

Desde organizaciones sindicales y sociales sostienen que para no caer bajo la línea de pobreza el salario mínimo debería acercarse al equivalente de la Canasta Básica Total (CBT), un valor que hoy supera ampliamente el SMVM.

Al mismo tiempo, el sindicato y los sectores vulnerables advierten que esta suba, decidida sin consenso, deja en evidencia la debilidad del mecanismo de diálogo social instaurado por el Consejo del Salario.

La definición unilateral del salario mínimo vuelve a exponer la tensión entre Estado, empleadores y trabajadores, en un contexto en que la inflación, aunque ha caído respecto a picos anteriores, aún punctúa de cerca muchos hogares. Si bien los números nominales suben, la medida no da respuesta real al deterioro del poder adquisitivo: con $376.600 al mes, muchos trabajadores estarán lejos de cubrir una canasta básica digna, algo que debería ser mínimo para garantizar una vida justa.

Este ajuste parece más un parche que una solución estructural: la modalidad de aumentos por decreto, en lugar de un acuerdo tripartito, refuerza la idea de un Estado que legisla ingresos desde arriba, sin consenso, y transforma al Consejo del Salario en un órgano testimonial.

Si el objetivo del Gobierno era dar previsibilidad, terminó garantizando subordinación: quienes viven del SMVM seguirán condicionados a futuros decretos, sin certezas reales frente a la inflación, y con una base salarial que difícilmente revierta el deterioro económico.

Para pensar en futuro: este tipo de decisiones necesita acompañarse con políticas de control de precios, aumentos de ingresos proporcionales a los costos reales, y un verdadero diálogo social que ponga el debate sobre tablas: empleo, salario digno, inflación, canasta básica.