EL GOBIERNO BONAERENSE ADVIRTIÓ SOBRE EL “DETERIORO ACELERADO” DE LA ECONOMÍA Y REDOBLÓ LAS CRÍTICAS CONTRA MILEI
19 mayo, 2026Funcionarios de la provincia de Buenos Aires cuestionaron con dureza el programa económico del Gobierno nacional, denunciaron una caída de los recursos provinciales, alertaron por el impacto del ajuste sobre el empleo, la producción y las tarifas, y presentaron nuevas iniciativas vinculadas a derechos laborales y política energética. “El presidente está más preocupado por las internas y las redes sociales que por la situación del empleo y la industria”, lanzó el ministro Carlos Bianco durante una conferencia de prensa encabezada junto a Walter Correa y Gastón Ghioni.
El Gobierno bonaerense volvió a endurecer su discurso contra la administración de Javier Milei en medio de un escenario económico cada vez más complejo y atravesado por la caída del consumo, el deterioro de la actividad industrial y la creciente tensión financiera entre Nación y las provincias.
Durante una conferencia de prensa realizada este 18 de mayo, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Trabajo, Walter Correa; y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, expusieron un diagnóstico crítico sobre la situación económica actual y apuntaron directamente contra las políticas impulsadas por la Casa Rosada.
Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte confrontación política entre el gobernador Axel Kicillof y Javier Milei, especialmente luego de las discusiones por el financiamiento provincial, las obras públicas paralizadas, el recorte de programas nacionales y el ajuste sobre universidades, salud y subsidios.
Bianco fue el encargado de abrir la conferencia con una advertencia contundente sobre el impacto fiscal que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Según explicó, durante el primer trimestre del año se registró una caída de dos puntos porcentuales en los recursos provinciales respecto al mismo período de 2025, mientras que comparado con 2023 la reducción de recursos líquidos ya alcanza el 15%.
El funcionario aseguró además que la deuda acumulada del Gobierno nacional con la provincia asciende a 24,6 billones de pesos, incluyendo obligaciones directas, obras públicas paralizadas y programas discontinuados.
“El programa económico del Gobierno nacional trajo un deterioro muy rápido y avanzado de las condiciones de vida de las y los argentinos”, sostuvo Bianco.
Y agregó una de las frases más fuertes de la jornada: “Mientras tanto, el presidente está más preocupado por las internas de su Gobierno y por lo que pasa en redes sociales que por la situación del empleo y la industria. Es un presidente que no está en control de la situación”.
Desde la administración bonaerense consideran que el ajuste impulsado por Milei no solo golpea a los sectores populares, sino también a las provincias, a las economías regionales y al aparato productivo nacional.
En ese sentido, Bianco afirmó que “la crisis económica ya es innegable” y señaló que existen indicadores alarmantes vinculados al consumo, la actividad industrial y la pérdida de puestos de trabajo.
En las últimas semanas distintos informes privados y relevamientos sectoriales comenzaron a mostrar caídas pronunciadas en ventas minoristas, producción industrial y actividad comercial, especialmente en rubros vinculados a la construcción, el consumo masivo y las pequeñas y medianas empresas.
La provincia de Buenos Aires es particularmente sensible a este escenario debido a su fuerte peso industrial y productivo dentro de la economía nacional. Buena parte del entramado fabril argentino se concentra en territorio bonaerense, por lo que la caída de la actividad impacta directamente sobre el empleo y la recaudación.
En paralelo, el ministro de Trabajo Walter Correa presentó uno de los anuncios más relevantes de la jornada: un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales.
La iniciativa busca establecer un marco normativo para trabajadores de aplicaciones de reparto y transporte, incorporando derechos laborales básicos, mecanismos de protección y regulaciones específicas para las empresas del sector.
El proyecto fue diseñado tomando como referencia recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y contempla aspectos vinculados al registro formal de trabajadores, cobertura por accidentes, licencias, inspecciones laborales, condiciones sanitarias y herramientas de seguridad.
Uno de los puntos más destacados es la incorporación de plataformas con botones de pánico y sistemas de asistencia ante situaciones de violencia o siniestros en la vía pública, una problemática que afecta cotidianamente a miles de repartidores y conductores.
“La única manera de garantizar los derechos de los trabajadores de plataformas es con un Estado presente”, remarcó Correa.
La discusión sobre el trabajo en plataformas digitales se volvió cada vez más importante en Argentina y en el mundo durante los últimos años. Mientras las empresas sostienen que sus trabajadores son “socios independientes”, distintos sindicatos y organismos internacionales reclaman reconocer relaciones laborales formales y garantizar derechos básicos.
En países como España, Francia y parte de América Latina ya comenzaron a aplicarse regulaciones específicas para plataformas como Uber, Rappi o PedidosYa, aunque el debate continúa abierto.
En Argentina, el crecimiento acelerado de este tipo de empleos durante los últimos años también estuvo acompañado por denuncias sobre precarización laboral, falta de cobertura médica y ausencia de mecanismos de protección.
Por su parte, el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, cuestionó con dureza el nuevo paquete energético impulsado por el Gobierno nacional y alertó sobre sus posibles consecuencias para la provincia y los usuarios.
Según explicó, el proyecto enviado por Nación al Congreso reduciría subsidios para zonas frías, habilitaría aumentos automáticos vinculados a variables económicas y limitaría herramientas provinciales vinculadas a impuestos locales.
Ghioni sostuvo además que el modelo energético impulsado por Milei prioriza exclusivamente la exportación y la lógica de mercado, dejando de lado el desarrollo interno y el acceso universal a servicios esenciales.
“No necesitamos energía solo para exportar, sino también para toda la Argentina”, afirmó el funcionario bonaerense.
Las críticas se producen en medio de una fuerte discusión nacional por las tarifas de luz y gas, luego de sucesivos aumentos que impactaron sobre hogares, comercios e industrias.
Durante los últimos meses, el Gobierno nacional avanzó en una reducción progresiva de subsidios energéticos con el objetivo de disminuir el gasto público y alcanzar el equilibrio fiscal exigido por el programa económico libertario.
Sin embargo, distintos gobernadores comenzaron a advertir sobre el impacto social de las subas tarifarias, especialmente en provincias con climas extremos o altos niveles de vulnerabilidad económica.
La tensión entre Nación y provincia de Buenos Aires se transformó en uno de los principales ejes de la disputa política argentina durante los últimos meses.
Axel Kicillof se consolidó como uno de los dirigentes opositores más críticos del modelo libertario y busca posicionarse como referencia política frente al ajuste impulsado por Milei.
Desde el oficialismo bonaerense sostienen que el Gobierno nacional está llevando adelante una política deliberada de desfinanciamiento hacia las provincias, mientras que desde la Casa Rosada responden que las administraciones provinciales deben ordenar sus cuentas y reducir el gasto estatal.
En el medio, crece la preocupación por el deterioro de distintos indicadores económicos y sociales.
La caída del consumo, el cierre de pequeñas empresas, la paralización de obras públicas y la pérdida del poder adquisitivo comenzaron a impactar de lleno sobre amplios sectores de la población.
Mientras tanto, el enfrentamiento político entre Nación y provincia parece profundizarse cada semana, con nuevas acusaciones cruzadas, reclamos judiciales y disputas por recursos que ya ocupan un lugar central en el escenario político argentino.




