COIMAS EN DISCAPACIDAD: UN ACUSADO ROMPIÓ EL SILENCIO Y CONFIRMÓ LAS IRREGULARIDADES
2 diciembre, 2025Un exfuncionario de Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) declaró ante la Justicia y admitió que las licitaciones para medicamentos del programa de cobertura básica estaban “digitadas”, respaldando la versión del supuesto esquema de corrupción. Al brindar su testimonio, puso en evidencia que no existía una competencia real entre proveedores: todo estaba previamente decidido.
La confesión provino de Roger Grant, ex coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS. Grant afirmó que no era él quien decidía libremente los adjudicatarios, sino que cumplía órdenes directas de su superior, Daniel María Garbellini, quien le indicaba a qué droguerías contactar para cotizar y a cuáles adjudicar. Así relató ante el juez a cargo de la causa que cada paso del proceso, quién cotizaba, quién podía ofertar, qué droguerías se daban de alta en el sistema, estaba planificado de antemano.
Este giro representa la ruptura del denominado “pacto de silencio” entre los acusados, ya que hasta el momento la mayoría había evitado declarar o negado las imputaciones. Grant, sin embargo, fue el primero en admitir detalles concretos del esquema, poniéndolo como ejecutor de decisiones que, según su testimonio, venían de más arriba.
La causa judicial contra ANDIS investiga graves irregularidades: direccionamiento de contrataciones, sobreprecios extremos en medicamentos, adjudicaciones a compañías con favoritismos, y sobornos vinculados a proveedores. Entre los medicamentos implicados, hay casos donde los precios efectivos abonados fueron hasta 20 veces superiores al valor habitual, lo que sugiere que no hubo justificación razonable para tales diferencias.
Hasta ahora, fueron citados a declarar más de una docena de exfuncionarios y representantes de droguerías, incluido el exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, y Garbellini, aunque muchos se negaron a responder preguntas.
La confesión de Grant podría representar un punto de inflexión para la causa: su testimonio aporta datos concretos sobre cómo se operaba desde adentro para favorecer ciertas empresas, lo que agrava la imputación fiscal sobre defraudación al Estado y administración fraudulenta. A la vez, abre la puerta a que surjan nuevas pruebas, imputaciones y posibles condenas.
Este nuevo desarrollo concede un giro dramático al escándalo: ya no se discute si existió un supuesto direccionamiento, sino que uno de los acusados reconoció su funcionamiento. La Justicia ahora tendrá que evaluar su testimonio, cruzarlo con otros elementos de prueba como registros, cuadernos y documentos, y definir responsabilidades.
